La Conselleria de Educación del Govern balear pondrá más profesores en las aulas para hacer posible, a partir del próximo curso, la libre elección de lengua en los centros, pero también más inspectores. De los 20 millones que se han reservado en los presupuestos de la comunidad para garantizar que todos los alumnos puedan aprender en la lengua que deseen sus padres, 200.000 euros se emplearán en «reforzar la plantilla de inspectores en educacion para preservar la enseñanza y garantizar la ausencia de intromisiones».
Los tres inspectores (los dos actuales, más el de refuerzo que se prevé contratar este año) deberán vigilar en colegios e institutos de Menorca que no exista «adoctrinamiento» en clase, una función que ya es inherente a su cargo pese a la «reducida conflictividad» que genera pero que ahora, por vez primera, se explicita de forma específica.
La izquierda lo considera una «persecución» al profesorado, un colectivo sensible y especialmente numeroso, 18.000 en todas las islas, capaz de movilizarse si ve amenazada su labor pedagógica, como ya ocurrió diez años atrás, cuando las históricas manifestaciones contra el decreto de trilingüismo impuesto por el Govern Bauzá acabaron precipitando un cambio de gobierno en Balears.
Obligados a seguir los dictados de la Conselleria y a mantener imparcialidad y equidistancia con los conflictos que se generan en las aulas, la medida aprobada por el Parlament pone al colectivo de inspectores entre la espada y la pared. Como lo está también el PP, preso de su minoría parlamentaria y del acuerdo con Vox que, a cambio de los votos necesarios para aprobar los presupuestos, le compromete ahora a aventar una ‘caza de brujas' contra los docentes adoctrinadores.
La presidenta Marga Prohens ya ha dejado claro que el Govern no cambiará las tres normas que determinan el modelo lingüístico: ni la ley de educación, ni la de normalización, ni el decreto de mínimos, que exige que el 50 por ciento de la enseñanza se haga en catalán.
El PP deambula sobre el alambre para evitar la confrontación al lado de un socio que le invita a embestir al menor desliz. Si defrauda su expectativa, puede volver a verse en minoría. Y si, a través de su policía judicial en los centros (la Inspección Educativa), arremete contra los profesores, teme una gran huelga que le haga caer.
Tal es el brete para unos y otros que conflictos que hasta ahora eran resueltos sin mayores estridencias, fomentando la integración de los recién llegados, amenazan ahora con tambalear nuevamente los cimientos de la comunidad educativa. Solo se oyen voces en contra.
Hasta los propios inspectores se han pronunciado públicamente a favor de no modificar el modelo lingüístico, que ven «fruto de un alto consenso social».
A expensas de conocer el texto normativo y las directrices concretas de la Conselleria, los inspectores temen que la segregación por razones de lengua tenga un efecto negativo en el aprendizaje y en la convivencia. Precisan, no obstante, que son independientes en el ejercicio de su trabajo y que no pueden actuar en contra de los derechos fundamentales recogidos por la Constitución.
120 centros en contra
Mientras, 120 centros de las Islas se han adherido ya a la campaña de rechazo a la segregación y en defensa del actual modelo lingüístico, que consideran positivo e integrador, y el sindicato de la enseñanza STEi les ha ofrecido asesoramiento.
Con este escenario, la Conselleria no se da prisa en definir el plan piloto voluntario con el que se empezará a concretar el proyecto de libre elección de lengua. «Ahora la prioridad -dice la delegada Alejandra Marquès- es regular la presencia de móviles y pantallas en las aulas».
Hasta aquíDemuestra que miento ya que me acusas de hacerlo, no contesto cuando me faltan el respeto y respondes sin educación insultando. Cuando las personas no tienen argumentos te insultan directamente que es más fácil que tirar de la inteligencia.