El gran proyecto para la dotación de la red de saneamiento de la Cala Sant Esteve parece que al fin será una realidad. Tras solicitar el pasado lunes 8 a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua una «autorización de vertido en el mar de las aguas pluviales del nuevo sistema de pluviales» de la urbanización, el Ayuntamiento de Es Castell prevé recibir el último y definitivo informe en los próximos días. De este modo, se podrá poner manos a la obra de inmediato. «Ya tenemos actualizados los precios por parte del redactor y una vez nos hagan entrega del informe, ya seremos autosuficientes para poder cerrar los últimos flecos y sacar la posterior licitación para que se presenten las empresas interesadas», afirma el alcalde del municipio, Lluís Camps.
De confirmarse los tiempos establecidos, la licitación se publicaría «entre los próximos meses de febrero y marzo», según el primer edil. Presupuestado en unos dos millones de euros, desde el Consistorio avanzan que el proyecto continuará tal y como estaba planeado «en su origen». «Lo único que nos faltaba eran las certificaciones y autorizaciones por parte de Recursos Hídricos y Medio Ambiente», matiza, ya que estos han sido los verdaderos escollos en las últimas décadas. Al mismo tiempo, recuerda que el Ayuntamiento se limita a «acabar de tramitar el proyecto que el anterior equipo de gobierno había dejado acabado».
«Este proyecto es muy importante y necesario a nivel medioambiental. Los vecinos se merecen que facilitemos este servicio y está claro que cumplirá la normativa vigente», sentencia Camps.
El apunte
Un proyecto plagado de obstáculos desde que se iniciase hace ya casi veinte años
El proyecto de dotación de red de saneamiento de Sant Esteve lleva en marcha desde el 2005, año en que se esbozó el primer diseño. Desde entonces, han surgido varios impedimentos para que la nueva infraestructura no haya visto la luz.
En su momento, los vecinos, mostraron su diconformidad con que la calle se transformase en carretera. Una vez aceptadas las pretensiones vecinales, en 2018 el Ayuntamiento se vio obligado a renunciar a la financiación del Consell al no recibir el visto bueno de la Comisión Balear de Medio Ambiente.