La Fiscalía ha registrado finalmente su acusación en el caso Nerer, con la instrucción paralizada en el Juzgado de Ciutadella desde julio de 2021. El Ministerio Público ha mandado a la juez su propio escrito de calificación, en el que reclama, en conjunto, 38 años de prisión, 1'1 millones de multa y 481.598 euros de indemnización para los seis investigados en la causa.
En concreto, solicita 18 años de cárcel para el exconcejal y expresidente del PP-Ciutadella, Avel·lí Casasnovas, a quien considera «autor» de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración, malversación, cohecho y blanqueo de capitales. Por cada uno de estos ilícitos pide una pena de dos años y medio, que eleva a cuatro en el caso del cohecho. Además, le exige una fianza de 800.000 euros, adicional a los 1'1 millones de multa que los acusados deben satisfacer (800.000 euros por el blanqueo de capitales y 300.000 por el cohecho).
Casasnovas ya fue condenado en 2012 como colaborador necesario de un fraude a la administración por el llamado caso de las ratas, también de su época como concejal, pero sus antecedentes penales ya «no son computables a efectos de reincidencia».
Los empresarios Antoni y Siscu Cavaller y José María Gelabert, socios de Gel-Fux, se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión por cohecho. Ildefonso Vinent, antiguo constructor con antecedentes penales y presunto testaferro, es considerado por el fiscal como el «cooperador necesario» del blanqueo de capitales que imputa a Casasnovas, por lo que le pide también cuatro años de cárcel.
La petición del fiscal, de la que todavía no se ha dado traslado a las partes, es inferior a la del Consistorio que, al ejercer la acusación particular, ha pedido hasta 48 años de prisión. Pero su reclamación económica por los daños patrimoniales ocasionados al municipio va más allá de los 939.386 euros que el Ayuntamiento pide que se haga pagar de forma solidaria a los implicados «para restañar el perjuicio causado al erario público».
El fiscal cree probado que Avel·lí Casasnovas se «aprovechó» de su condición de concejal para promover la adquisición del Palau Saura Morell, y que lo hizo «con la firme intención de enriquecerse ilícitamente y favorecer los intereses» de Cavaller y sus socios, ya que éstos «querían adquirir el solar de la joya de la corona» (en el Paseo Marítimo), que el Ayuntamiento ya le había canjeado a cambio de Can Saura a la sociedad Nerer.
De hecho, el fiscal cree que Casasnovas impulsó la compra del edificio que ahora acoge la escuela de artes plásticas «aludiendo a pretendidas e inexistentes necesidades culturales y ocultando su verdadero propósito», que era facilitar el negocio de los empresarios.
«Como compensación, fue favorecido» entre 2006 y 2009 con diversas obras de reforma en su vivienda de Cala en Blanes y un local de la calle Carnisseria, «cuyo coste real fue satisfecho» a través de las sociedades Gel-Fux y Fetosi Desarrollos y, por tanto, le salió gratis. Los trabajos, que costaron 150.000 euros, los ejecutó el constructor de confianza de los hermanos Cavaller.
Pero no fue el único «premio» por facilitarles la compra de la joya de la corona. Los empresarios también le pagaron «una cantidad indeterminada de dinero», con la que adquirió un inmueble en la calle del Roser, «utilizando» a Ildefonso Vinent «como testaferro». Posteriormente, «con el ánimo de opacar el origen de los fondos que había empleado en su compra», en 2011 vendió el local por 600.000 euros.
El fiscal solicita que se cite a declarar en el juicio a 19 testigos y se dé lectura al testimonio de los fallecidos en estos años, entre ellos uno de los empresarios que estaba imputado en la causa. Asimismo, pide aportar como pruebas cinco informes de la Agencia Tributaria, extractos bancarios, los informes de valoración de las fincas permutadas, las escrituras de compraventa, las actas de los registros y los documentos intervenidos.
Reclama quitarle objetos por 150.000 euros
El fiscal pide decomisar en casa de Avel·lí Casasnovas objetos valorados en 150.000 euros por ser el coste de las obras de la vivienda que supuestamente los empresarios le pagaron como premio. Y esto es así porque «no pueden aprehenderse los materiales empleados en la reforma por estar indisolublemente unidos con el inmueble». Aún así, propone aportar al juicio un documento no oficial que refleja el pago de una cantidad superior, de 246.414,96 euros, por las obras ejecutadas, de los que dice que 120.222,66 euros «se pagaron en negro». Según el escrito, se pagaron facturas por la compra e instalación de vigas de madera Flandes, el entarimado exterior junto a la piscina del chalet y la realización de acabados en el interior.
El apunte
Olvida el ‘pelotazo’ en Dalt Sa Quintana y confunde el IVA de la ‘joya de la corona’
El escrito de acusación del Ministerio Público no menciona recurso alguno contra la decisión de la juez, que en su último auto de julio de 2021 decidió excluir de los elementos indiciariamente punibles la permuta de s’Hort den Llinyà, por la que el Ayuntamiento adquirió la zona verde del Canal Salat a cambio de ceder 50.000 metros cuadrados de suelo industrial, el único terreno apto para acoger una gasolinera en la carretera de Santandria y una parcela edificable en el barrio de Dalt Sa Quintana.
Este terreno, que el Ayuntamiento tasó en 714.992 euros, fue revendido un año después por Gel-Fux a la promotora catalana Fbex Promo por 1’8 millones de euros. Pero este ‘pelotazo’ urbanístico por el que los empresarios locales ganaron supuestamente poco más de un millón de euros tampoco aparece reflejado en la calificación de la Fiscalía. El escrito, fechado en junio de 2022 y redactado por el fiscal que entonces seguía las causas del Juzgado número 2, también confunde el IVA por la compraventa del solar de la ‘joya de la corona’ con un pellizco más de los empresarios en detrimento del interés público.
Según el relato del fiscal, una vez aprobada la permuta por el pleno, el 17 de marzo de 2006 el alcalde Llorenç Brondo acudió al notario para formalizar la escritura del solar de la joya de la corona a favor de Nerer por 3.009.988 euros y, «sin solución de continuidad», Nerer se lo vendió «en la misma notaría y en protocolo sucesivo» a la sociedad Gel-Fux, «representada y participada por Fetosi Desarrollos, por 3.491.586 euros».
El alcalde se encontró en la notaría con los empresarios con los que presuntamente se había acordado la permuta (Nerer) y con los destinatarios últimos de la operación, los hermanos Cavaller Gener y José María Gelabert, permitiendo así que el Ayuntamiento «intercambiara la joya de la corona por un valor inferior en 481.598 euros al que minutos después se vendió, causando un perjuicio económico equivalente» al municipio.
En realidad, este casi medio millón de diferencia corresponde al tipo impositivo del 16 por ciento de IVA que se acostumbra a aplicar en la transmisión de terrenos y solares y que el fiscal atribuye en su relato al eventual beneficio obtenido en la reventa inmediata de la finca. La acusación particular, en representación del Ayuntamiento, sí recurrió la exclusión del caso de la permuta de s’Hort den Llinyà, en el que menciona el «sonoro pelotazo» del solar urbano de Dalt Sa Quintana. Fue, dice, el punto «más llamativo» de las tasaciones en las que «se minusvaloraron bienes municipales para favorecer a privados, lo que constituye ya de por si un ilícito penal».