Las obras de reforma de la carretera general acabarán costando 100 millones de euros, el doble de lo que ya se lleva invertido desde 2010 en construir la variante de Ferreries, el tramo de Ciutadella y la salida de Alaior hacia Maó. En total, 23 kilómetros de trazado en 14 años que ya han requerido de una inversión pública superior a los 48 millones.
Ahora, el conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, estima que se precisan otros 50 millones de euros para terminar los 22 kilómetros restantes. De estos, 10,1 se emplearán en terminar el tramo Maó-Alaior, donde ya se llevan 8,5 millones gastados en solo tres kilómetros, y los otros 40 se destinarán al tramo central de Alaior a Ferreries.
Delgado basa su cálculo en el precio medio que el Consell ha tenido que pagar por cada kilómetro en el que se ha intervenido, poco más de dos millones, y en el encarecimiento del material y los costes de la obra pública, que «prácticamente se han duplicado respecto de hace diez años».
Los costes se han duplicado
El problema es que no se tiene atado ni uno solo de los 50 millones que se precisan. Los 10,1 que el Consell pretende dedicar este año siguen en el aire, a expensas de que pueda aprobarse el presupuesto de la institución, y los otros 40 dependen de que Madrid se avenga a negociar un nuevo convenio de carreteras, pues el suscrito en 2007 (modificado después en 2009, 2011 y 2014) ya caducó en 2020.
El presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, ya se lo ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, y el conseller Delgado ha hecho lo propio con el director general Juan Pedro Fernández. Pero el Ministerio aún no ha dado respuesta siquiera a la petición que le cursó en noviembre la consellera balear de Vivienda y Movilidad, Marta Vidal, para pedir financiación con la que mejorar el transporte público, las infraestructuras ferroviarias y las carreteras de las Islas.
El convenio ya extinguido contemplaba una inversión de 63 millones de euros en obras y otros 5,8 en expropiaciones. Pero 20 de estos casi 69 millones de euros comprometidos por Madrid se han perdido por el ingente retraso acumulado, al no ejecutarse a tiempo todas las actuaciones previstas.
La enorme polémica suscitada por las soluciones a doble nivel proyectadas hace diez años por el anterior gobierno del PP en el Consell en el tramo Maó-Alaior han provocado cambios e interrupciones que han demorado el calendario previsto.
Las masivas movilizaciones de entidades sociales y ecologistas llevaron en 2015 al gobierno formado por PSOE, Més y Podemos a rescindir el contrato a las constructoras Antonio Gomila y Ferrovial, que ejecutaban las obras, dejando puentes a medio construir en Rafal Rubí y L'Argentina. Aunque la izquierda amagó con derribarlos, finalmente mantuvo y terminó el erigido frente al núcleo de L'Argentina para, al menos, reformar la entrada a Alaior y acometió sin apenas revuelo el tramo entre Ciutadella y Ferreries.
El conseller Delgado echa la culpa a la izquierda por no haber agilizado las obras en los ocho años en los que ha gobernado. «Es una falta de respeto a los menorquines que, mientras se decidía qué hacer entre Maó y Alaior, dejara perder 20 millones que perfectamente habrían servido para empezar a actuar en el tramo intermedio de la carretera».
De hecho, Juan Manuel Delgado anuncia la inminente licitación de la redacción del proyecto constructivo entre Alaior y Ferreries para, al menos, concretar el coste de las obras y perfilar los trabajos a acometer. En 2014 ya se encargó este mismo diseño a la UTE Vielca Ingenieros, SA - Taller de Proyectos e Ingeniería, SL por 360.000 euros, pero sus previsiones deberán ser ahora actualizadas por otro gabinete técnico.
El apunte
«Responsabilidad compartida» por haber perdido 20 millones de Madrid
La expresidenta socialista Susana Mora asume su «responsabilidad compartida» en la pérdida de los 20 millones no invertidos del convenio de carreteras.«Es cierto que las obras se demoraron y no ejecutamos la totalidad del convenio», dice, pero achaca al PP que «cambiase las normas acordadas inicialmente y, en lugar de recibir cada año un anticipo de Madrid, lo que daba más estabilidad al Consell, decidiera cobrar a obra vencida». Mora critica que, «en lugar de aprovechar el proyecto que había», el PP diseñara «dos puentes que incendiaron a la sociedad menorquina», lo que «impidió seguir el ritmo de ejecución».