El Consell insular reclama dinero a Madrid y no a Palma, pese a que el Govern recibe desde 2022 un Fondo de Insularidad vinculado al Régimen Especial de Balears (REB) superior a los 100 millones de euros anuales.
Este mismo año llegarán 103,8 millones extra, de los que 24 se asignarán a la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, pero desde Hacienda avanzan que no se destinará dinero alguno a las carreteras de Menorca.
La razón argüida por el departamento del vicepresidente Antoni Costa es que «tanto el Govern como los consells entienden que el factor de insularidad no es un sustitutivo de los convenios de carreteras y ferroviarios y por eso reclaman su inclusión en los próximos presupuestos generales del Estado».
Además, «la gran mayoría» de los proyectos financiados con el Fondo de Insularidad «son ejecutados directamente por el Govern o a través de entes del sector público, y evidentemente en todas las islas». Se trata de obras «con un plazo de ejecución corto», en los que la administración autonómica «puede acelerar más el proceso» y la tramitación que los consells insulares.
Las actuaciones que se van a financiar a lo largo de 2024 por esta vía se reprogramarán «en pocas semanas» con la idea de que ya estén ejecutadas antes de que acabe 2025.
En los dos anteriores ejercicios, Madrid ya destinó al Fondo de Insularidad 213 millones de euros. El primer año se incluyeron, entre otros, la construcción de infraestructuras para el riego con aguas depuradas en Sant Lluís (3,7 millones), la reforma integral del puerto de Fornells (2,7 millones) y 112 viviendas de promoción pública en Menorca y las Pitiüses (11,6 millones).
Sant Lluís y Fornells
El Fondo de Insularidad se destina a financiar proyectos de litoral, recursos hídricos, energía renovable, transporte, modernización y reconversión turística, innovación y nuevas tecnologías, recogida de residuos y actuaciones sobre el patrimonio cultural, etnológico y arqueológico.
Además de los 24 millones de euros para la Conselleria de Vivienda y Movilidad, este año habrá 39 millones para el IB-Salut, 21,5 para la Conselleria de Educación, 14,3 para la de Familia y Asuntos Sociales y cinco para la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.
Tendría que haber consecuencias con toda esta mala gestión y abuso. Todo es marearnos, pagar impuestos a tocateja. Pero luego no hay nada para nuestra carretera tercermundista. El cese de cualquier político debería ser inmediato cuando no se ajustaran a los precios, presupuestos, los tiempos, la gestión, etc. Y no lo digo solo por este señor. Los de Mes, tienen mucho que callar, y su falsa propaganda salva islas. Solo hace falta hacer un repaso de su gestión pasada.