Durante la presentación del informe sobre el estado de las infraestructuras de Menorca, el exdecano del Colegio de Ingenieros de Balears, José Antonio Fayas, puso como ejemplo de la dejadez de las administraciones públicas en lo referente a la gestión de los recursos hídricos la falta de conexión de la depuradora de Ciutadella con el depósito de Es Caragolí.
«En Ciutadella se construyó una desaladora hace quince años y, actualmente, todavía no existe una conducción que permita llevar el agua desalada hasta el depósito principal de abastecimiento del núcleo urbano de la ciudad», lamentó.
Fayas considera que en este caso la culpa no es solo del Govern balear, puesto que también ha habido una falta de interés por parte de la administración municipal. «Esta situación es una vergüenza, porque es la única obra prevista en el Plan Hidrológico», enfatizó. Por su parte, la decana del Colegio, Sara Lobato, recordó que este enlace deberá estar ejecutado como mucho en 2027, aunque se mostró convencida de que no será posible cumplir los plazos debido a la demora actual.
«Todavía no hay una política integral de gestión del agua»
La decana del Colegio de Ingenieros de Balears, Sara Lobato, lamentó ayer la inacción de las administraciones en cuanto a la planificación de las infraestructuras necesarias para gestionar el ciclo del agua en Menorca. «Las obras de ingeniería civil para abordar esta problemática no admiten demora, y nos sorprende que en la actualidad no se esté trabajando en actuaciones concretas», denunció.
En este sentido, señaló que ya tendría que haber una política clara de trabajo para pensar cómo se garantizará el abastecimiento de agua en la Isla en los próximos años, y que también permita cumplir los objetivos con relación a las limitaciones de extracción de caudales de los acuíferos, unos objetivos que ya están establecidos en el Plan Hidrológico de las Illes Balears, y que vienen determinados por las normativas europeas.
Además, Lobato aseguró que si la actual situación de indefinición política se prolonga, será imposible cumplir con las exigencias medioambientales y asegurar el abastecimiento para la población. «Estamos hablando de un plazo de diez años, un tiempo insuficiente para llevar a cabo cualquier infraestructura de las características de una desaladora, porque administrativamente los trámites son muy garantistas y ya vamos tarde».
Consenso político
Por todo ello, Lobato remarcó que desde el Colegio de Ingenieros piden que se trabaje para lograr un consenso político y entre administraciones lo antes posible, porque las competencias son compartidas, y «es necesario que todos los actores trabajen en el mismo sentido político y técnico». «Exigimos a la Administración que se ponga a trabajar ya en este sentido», concluyó.