La huelga anunciada en Mallorca por los sindicatos de las ambulancias del 061, de la sociedad pública Gestión Sanitaria y Asistencial de las Islas Baleares (GSAIB), también se celebrará en Menorca, Eivissa y Formentera, ha informado este viernes el comité de empresa.
Los sindicatos FS-TES, USAE, CCOO y UGT, integrantes del comité de empresa, han convocado paros parciales del servicio de ambulancias durante tres días de marzo y huelga indefinida desde el 2 de abril en protesta por los incumplimientos del convenio colectivo. Inicialmente, la protesta solo iba a celebrarse en Mallorca, pero finalmente también ha sido convocada en el resto del las islas.
El responsable del Transporte Sanitario de UGT Illes Balears, Javier Marin, ha declarado que, ante «la pasividad y la desidia con la que la dirección de la empresa y sus responsables afrontan el diálogo y negociación con la parte social en todos los centros de trabajo e islas, los tres comités de empresa se han levantado ya cansados: nos hemos visto obligados a la convocatoria de movilizaciones en busca de un cambio de talante y soluciones que permitan avanzar».
El paro afectará tanto a los servicios de transporte sanitario programado como al urgente, ha informado el comité de empresa. Las protestas comenzarán los días 21, 25 y 27 de marzo con paros de 10 a 12 y de 16 a 18 horas, además de concentraciones ante la sede del Servicio de Salud, al que los sindicatos acusan de desentenderse de los problemas de los 850 trabajadores del GSAIB.
Si no se acuerda un «avance serio» antes, a partir del 2 de abril se llevará a cabo una huelga indefinida de las ambulancias programadas y urgentes. El comité achaca a la dirección de la empresa «falta de diálogo, dejadez, desidia, pasividad y desfachatez» y reprocha la falta de implicación del Ib-Salut.
En el convenio en vigor desde el 1 de enero del año pasado se prevén mejoras económicas, sociales, de jornada y organizativas que la dirección de GSAIB no ha aplicado, lamentan los convocantes de la huelga.
«Como empresa pública, deberíamos tener adaptados los salarios a la normativa de función pública y actualmente no estamos ni integrados en dicho organismo, generando un agravio comparativo entre diferentes trabajadores que realizan las mismas funciones, rigiéndose por diferentes convenios colectivos a pesar de tener uno propio de empresa, no abonando la empresa las mejoras económicas que conlleva dicha integración al no estar por la labor de realizarse».
Asimismo, el comité se queja de que el plan de acción social presupuestado desde el año pasado para cerrar mejoras como la compensación de gastos farmacéuticos y de escolarización o las ayudas por hijos discapacitados no se ha aplicado por falta de negociación.
También reclama el abono del exceso de horas trabajadas el año pasado y el cumplimiento de artículos del convenio relativos a materias como las horas extra y las categorías.