El Consell seguirá trabajando en la reforma del Plan Territorial Insular (PTI) que debe facilitar la legalización de los núcleos de hortals, a pesar de que el Govern balear ha anunciado que está redactando una propuesta para que las edificaciones ilegales en suelo rústico que hayan prescrito se pueden legalizar a cambio de pagar una sanción.
De este modo, el objetivo del departamento de Ordenación Territorial y Turística, que dirige la consellera Núria Torrent, es hacer compatibles las dos iniciativas y que los propietarios de las edificaciones situadas en núcleos ilegales en suelo rústico puedan acogerse a una de las dos vías, según prefieran.
Dos vías para legalizar
La propuesta del Govern de Marga Prohens se está elaborando en el marco del decreto de simplificación administrativa que prevé aprobar el Consell de Govern en el mes de abril, y recupera un texto similar al que impulsó el conseller Gabriel Company en 2014, durante el mandato de José Ramón Bauzá, y que sirvió para legalizar las construcciones agrarias ilegales con la condición de que cumplieran una serie de requisitos. Ahora, el Ejecutivo balear prepara una normativa de más alcance, que facilitará la legalización de edificaciones en suelo rústico contra las que no se puede actuar porque ya han prescrito.
Según la norma que prepara el Govern, y a falta de concretarse el texto final, los propietarios que se acojan a la posibilidad de legalizar una edificación deberán presentar un proyecto técnico firmado por un arquitecto y solicitar la correspondiente licencia a su ayuntamiento, abonando las tasas y los impuestos correspondientes, además de pagar una sanción.
Esta normativa, según asegura la consellera Torrent, será compatible con la revisión del PTI que prepara el actual equipo de gobierno, y que entre otros cambios, incluirá una ampliación del límite máximo de edificabilidad, que ahora es de 90 metros cuadrados, con el objetivo de facilitar a los propietarios la legalización de los núcleos rurales ilegales. En su lugar, el Consell plantea tomar como baremo la superficie media edificada en cada núcleo, con lo que se pretende dar amparo legal al menos a la mitad de lo construido. Además, con la nueva propuesta, los ayuntamientos o el propio Consell asumirán la redacción de los planes especiales, que hasta ahora deben tramitar los propietarios, y luego repercutirán los costes a los interesados. El Consell prevé aprobar la reforma del PTI en 2025, y cuando entre en vigor los propietarios de construcciones ilegales se podrán acoger a la norma insular o a la balear.
«Los propietarios que no estén dentro de un núcleo rural tendrán la posibilidad que propone el Govern balear, y los que estén dentro de un hortal se podrán acoger a esta vía o esperar a que se haga el plan especial», resume Torrent.
El apunte
La izquierda se opone a la regularización de Prohens
Los partidos de izquierdas de la Isla se oponen de manera frontal a la normativa que prepara el Govern balear, que permitirá la legalización de edificaciones en suelo rústico ilegales que ya hayan prescrito, previo pago de una sanción.
En este sentido, el conseller socialista Eduardo Robsy denuncia que la propuesta del Partido Popular «es un agravio comparativo muy significativo, puesto que servirá para premiar a los infractores y dejará en una situación complicada a la gente que lo ha hecho bien». Además, Robsy considera que la iniciativa «transmitirá a la ciudadanía la idea de que se pueden cometer ilegalidades, porque luego, si se paga, todo queda aclarado».
Desde el PSOE también están preocupados por «la coincidencia de la amnistía urbanística con los anuncios de legalizar el alquiler turístico en suelo rústico», que, a su parecer, puede poner en riesgo el modelo de explotación del campo menorquín y la continuidad de los payeses en sus casas.
Por su parte, desde Més per Menorca lamentan que la medida del Govern invada la autonomía de la Isla. «Otra vez Palma decide cuál es el modelo de Menorca y las políticas que se tienen que hacer aquí», señala Josep Juaneda. El conseller menorquinista también recuerda que la Isla ya cuenta con el PTI, que es el instrumento que debe servir para diseñar y ordenar el territorio.
Asimismo, los ecosoberanistas consideran que «la norma servirá para premiar a los infractores e incentivar a la infracción urbanística permanente». También critican que se tramite como un decreto ley, «con el que el PP se salta el procedimiento administrativo y las justificaciones técnicas».
Revalorización inmobiliaria
Por su parte, el coordinador de Política Territorial del GOB Menorca, Miquel Camps, asegura que la propuesta del Govern balear encubre una operación de revalorización inmobiliaria. «Pasar de tener una casa ilegal a una legal, puede triplicar el valor de la propiedad, y al final es un premio que das a un infractor». «Habrá que ver qué dice la letra pequeña, pero el mensaje que estás enviando es terrible», concluye.