El Consell seguirá trabajando en la reforma del Plan Territorial Insular (PTI) que debe facilitar la legalización de los núcleos de hortals, a pesar de que el Govern balear ha anunciado que está redactando una propuesta para que las edificaciones ilegales en suelo rústico que hayan prescrito se pueden legalizar a cambio de pagar una sanción.
De este modo, el objetivo del departamento de Ordenación Territorial y Turística, que dirige la consellera Núria Torrent, es hacer compatibles las dos iniciativas y que los propietarios de las edificaciones situadas en núcleos ilegales en suelo rústico puedan acogerse a una de las dos vías, según prefieran.
Dos vías para legalizar
La propuesta del Govern de Marga Prohens se está elaborando en el marco del decreto de simplificación administrativa que prevé aprobar el Consell de Govern en el mes de abril, y recupera un texto similar al que impulsó el conseller Gabriel Company en 2014, durante el mandato de José Ramón Bauzá, y que sirvió para legalizar las construcciones agrarias ilegales con la condición de que cumplieran una serie de requisitos. Ahora, el Ejecutivo balear prepara una normativa de más alcance, que facilitará la legalización de edificaciones en suelo rústico contra las que no se puede actuar porque ya han prescrito.
Según la norma que prepara el Govern, y a falta de concretarse el texto final, los propietarios que se acojan a la posibilidad de legalizar una edificación deberán presentar un proyecto técnico firmado por un arquitecto y solicitar la correspondiente licencia a su ayuntamiento, abonando las tasas y los impuestos correspondientes, además de pagar una sanción.
Esta normativa, según asegura la consellera Torrent, será compatible con la revisión del PTI que prepara el actual equipo de gobierno, y que entre otros cambios, incluirá una ampliación del límite máximo de edificabilidad, que ahora es de 90 metros cuadrados, con el objetivo de facilitar a los propietarios la legalización de los núcleos rurales ilegales. En su lugar, el Consell plantea tomar como baremo la superficie media edificada en cada núcleo, con lo que se pretende dar amparo legal al menos a la mitad de lo construido. Además, con la nueva propuesta, los ayuntamientos o el propio Consell asumirán la redacción de los planes especiales, que hasta ahora deben tramitar los propietarios, y luego repercutirán los costes a los interesados. El Consell prevé aprobar la reforma del PTI en 2025, y cuando entre en vigor los propietarios de construcciones ilegales se podrán acoger a la norma insular o a la balear.
«Los propietarios que no estén dentro de un núcleo rural tendrán la posibilidad que propone el Govern balear, y los que estén dentro de un hortal se podrán acoger a esta vía o esperar a que se haga el plan especial», resume Torrent.
Francisco de Asís ZumárragaNo crec q perdin ses eleccions si posen en marxa xq hi ha més gent que fa ses coses ben fetes que gent que incompleix.