El acto administrativo de empadronarse es sencillo, si se cuenta con una escritura o contrato de alquiler en vigor y el propietario autoriza dicha inscripción, pero el problema acuciante de la vivienda ha convertido ese trámite en un lucrativo negocio más, que afecta directamente a las personas en situación irregular y no solo a ellas, también a ciudadanos españoles que necesitan compartir casa y que no disponen de contrato legal o no se les permite empadronarse si no pagan. Un peaje ilegal que se detecta ya en Menorca y que se ha extendido entre el colectivo de migrantes sin papeles. Empieza a ser habitual en las consultas a abogados especializados en extranjería.
Así lo señala Manuel Pecharromán, abogado laboralista que lleva desde hace años temas relacionados con extranjería y que a menudo se encuentra con este tipo de casos. «Hace unos días precisamente una persona me dijo que le cobraban 300 euros por dejarle que se empadrone en la vivienda», señala. A veces son personas que viven en la casa, la comparten con otros inquilinos, pero también existe un mercadeo de empadronamientos solo para contar con el certificado, sin tener que residir.
Documento clave
Esta estafa se da porque el certificado de empadronamiento –un derecho–, es clave para acceder a los servicios básicos y ayudas; especialmente en el caso de las personas que están en situación irregular, es el documento que acredita que se vive en España, y a partir de esa fecha empieza a transcurrir el tiempo para solicitar una autorización de residencia o, en el caso de que se apruebe la regularización extraordinaria, permite poder acogerse al proceso y acreditar que se vivía en el país en una fecha determinada.
«Es uno de los medios admitidos en derecho», explica Pecharromán, del mismo modo que lo puede ser un certificado de una hospitalización. Demostrar el tiempo que llevas en el país con un sello en el pasaporte no es válido teniendo en cuenta que España es territorio Schengen y que se puede haber residido en cualquier otro país de la Unión Europea dentro de ese espacio, en el que se ha suprimido el control de las fronteras comunitarias.
En el caso de las personas en situación irregular, se crea un círculo vicioso, sin permiso de residencia, sin NIE y sin poder inscribirse en el padrón, están abocados a la economía sumergida y la precariedad. «Es habitual que les amenacen con deportarles, esta frase es la que más se repite», manifiesta este abogado de Maó.
En algunas ciudades ya no se busca piso para compartir sino que directamente, en las redes sociales, la gente publica anuncios en busca de empadronamiento. Una práctica que ha surgido porque en muchas viviendas a los inquilinos no se les permite empadronarse, de modo que, buscan el certificado que les abra las puertas a servicios y prestaciones. Es otra cara más de la crisis de la vivienda, contratos sin vivir o empadronamientos ficticios. Los ayuntamientos han recibido un escrito con «sugerencias» por parte de la Federación de Entidades Locales de Balears para que informen a los propietarios de que si empadronan a personas sin permiso de residencia, se enfrentan a infracciones graves y multas de entre 501 euros y 10.000 euros.
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