El colapso que sufre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Maó y Ciutadella ha sido el principal motivo de queja de los menorquines ante la Sindicatura de Greuges durante el último año. Al menos 16 de los 86 expedientes abiertos por este órgano fiscalizador y de atención al ciudadano han afectado a la Conselleria de Movilidad, que gestiona el servicio de la ITV en la Isla.
Los tres síndicos han intentado mediar entre los trabajadores, la empresa concesionaria y la administración para proponer alternativas que ayuden a solucionar el conflicto, «que aún no ha podido resolverse, pues siguen formándose importantes colas». El malestar ha llevado al Consell a prorrogar la concesión hasta noviembre mientras prepara un nuevo concurso que mejore las prestaciones, mediante una segunda línea en Ciutadella y una estación móvil.
El problema, apunta la síndica Pepa Gil, «es que no hay suficiente personal cualificado en la Isla para poder realizar las inspecciones». Se requieren técnicos superiores en FP, cuando los únicos estudios que se imparten en Menorca, en concreto en el instituto Maria Àngels Cardona, son de grado medio. A este impedimento se le añade el del sueldo, «cobran poco más de 1.100 euros», y especialmente la vivienda. Para solventarlo, la empresa contratista ha puesto a disposición de la plantilla sendos pisos en Maó y Ciutadella.
Gil no culpa al actual gobierno del Consell, «que ha heredado esta situación», pero llama la atención sobre la gravedad del problema y de la falta de oferta de alquiler en el mercado inmobiliario, lo que afecta tanto a la población residente como a quienes se trasladan a la Isla por motivos laborales. «Reivindicamos el derecho a una vivienda digna y ajustada a las posibilidades de cada persona».
Es una de las cuestiones sobre las que, anuncia, más se incidirá de oficio a lo largo de este año.
También se considera urgente solventar ya la problemática de los hortals, para «evitar la discrecionalidad» a la hora de inspeccionar las obras ilegales en suelo rústico y que se siga consintiendo la falta de infraestructuras y el uso de fosas sépticas que contaminan los recursos hídricos y «causan un serio perjuicio al medio ambiente».
El informe de 2023 de la Sindicatura, que se presentará este lunes en el Consell, también alerta que «se ha relajado» el uso del catalán en la administración. Pepa Gil relata que a veces se incumple la obligación de exigirlo a las empresas contratistas y que algunos ayuntamientos no priorizan el catalán en sus programas e informaciones tal como marca el Estatut y la Ley de Normalización Lingüística. «Incluso hay consellers que usan el artículo salado (y no el modo literario formal) a la hora de difundir su actividad en las redes sociales».
Estas problemáticas y la extensión de la Sindicatura también al ámbito municipal, gracias a la adhesión de los ayuntamientos (el de Alaior aún la está tramitando), han permitido a la Sindicatura doblar prácticamente su actividad respecto del año pasado. Los 86 expedientes abiertos en 2023 contrastan con los 40 del ejercicio anterior.
La tendencia no ha dejado de crecer desde que en 2016 el Consell decidió crear esta figura para fiscalizar su labor y garantizar la defensa de los derechos ciudadanos ante la administración. 32 de las actuaciones del año pasado afectan al Consell y otras 44 a los ayuntamientos. Maó con 16 y Ciutadella con 15 se llevan la palma.
Aunque, como el Defensor del Pueblo, sus resoluciones tampoco son vinculantes, la Sindicatura atiende quejas y actúa de oficio para garantizar que las demandas ciudadanas sean al menos advertidas. Por ahora, no se entra a enjuiciar a los nuevos gobernantes, por el poco tiempo de mandato que ha transcurrido, pero lamenta, por la experiencia de los siete años precedentes, que «la burocracia sea tan garantista que ralentice los procesos ante la administración. El ciudadano está muy desprotegido».
Falta por revisar si las instituciones han cumplido estos últimos años los compromisos pactados con la entidad. También se trabajará en solucionar las molestias que ocasiona la entrada del barco ‘Ciudad de Granada' en el puerto de Maó, defender la ampliación del catálogo de caminos públicos y acabar del todo con las citas previas, «de las que se hizo un uso escandaloso» después de la pandemia. De hecho, para obtener tarjetas de transporte aún es necesario pedir cita previa en el Consell.