La Sindicatura ha tenido que dejar sin atender 16 demandas ciudadanas por afectar a administraciones que no son de su competencia, sobre todo en cuestiones relativas a la sanidad pública y las viviendas de protección oficial. El IB-Salut y el Ibavi forman parte de la administración autonómica, con la que no mantiene vinculación alguna.
Cuando se creó en 2016, la Sindicatura empezó a fiscalizar la gestión del Consell y estos años ha ido ampliando su campo de acción también al ámbito municipal.
Los síndicos reclaman en este sentido la creación de una Sindicatura de Greuges de ámbito balear, «una especie de Defensor del Pueblo en las Islas para poder dar respuesta también a temas que no son de nuestra competencia».
Los miembros de la Sindicatura han mantenido contactos con todos los diputados y grupos parlamentarios, excepto Vox, para formularles esta reivindicación y denunciar el «incumplimiento» que supone respecto de lo previsto en el Estatut d'Autonomia de 1983. Desde entonces, los partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo para designar a alguien para este cargo.
Casi ocho años después de su creación, Menorca sigue siendo la única isla del archipiélago que dispone de una Sindicatura de Greuges propia. Ni Mallorca, ni Eivissa, ni Formentera, han creado este servicio, que sí cuenta con precedentes en la universidad (la UIB tiene su Sindicatura de Greuges), la sanidad pública (Salut tiene una Defensora del Usuario) y a nivel municipal, como es el caso de las Defensorías Locales que están en marcha en Palma y que también había en Calvià o Marratxí.
La Defensoría de Palma tiene cinco profesionales en plantilla y gestiona un presupuesto anual de 200.000 euros, hasta siete veces superior al de Menorca. Por ello, la Sindicatura pide ampliar la jornada de la secretaria a tiempo completo y disponer de una asesoría jurídica. «El Consell -afirma- se debería congratular de poder ofrecer a la ciudadanía esta segunda instancia para dirimir sus agravios antes de acudir a la vía judicial».
El apunte
Tres cargos altruistas y con solo 31.000 euros de presupuesto, el 0’02% del dinero del Consell
Los tres síndicos (Pepa Gil, Alfredo Benosa y Maria Coll) están jubilados y desarrollan su trabajo de forma altruista. Tan solo se les paga el kilometraje por sus desplazamientos a reuniones o para asistir a sus dos sedes, ya que cuentan con despacho en el Consell de Maó y Sa Roqueta de Ciutadella. De hecho, en 2023 tan solo gastaron 31.454 euros, de los que apenas 2.000 euros fueron por dietas y kilometraje y el resto, el sueldo a media jornada de la secretaria que les asiste. El presupuesto de la Sindicatura supone apenas el 0’02% del que gestiona el Consell insular. Aún así, y pese a haber duplicado el año pasado el número de expedientes, Pepa Gil entiende que «todavía no se nos conoce lo suficiente. Necesitamos más ayuda para incrementar la comunicación y difusión y acercarnos así más a la ciudadanía».