Una simple búsqueda en los principales portales inmobiliarios permite comprobar la proliferación de las ofertas de alquiler de temporada en la Isla, así como la práctica desaparición de los arrendamientos de vivienda habitual o permanente.
Esta situación ha encendido las alarmas en el Consell, ante la sospecha de que muchas de estas ofertas no responden a la función para la que están pensados los contratos temporales, sino que constituyen un indicio de que estas viviendas se estarían desviando durante el verano al mercado del alquiler turístico ilegal, contribuyendo a la crisis en el acceso a la vivienda, que ya se ha convertido en uno de los principales problemas de la Isla.
Plan de inspecciones
Para detectar posibles fraudes, desde el Consell están monitorizando las plataformas en línea que ofrecen pisos en alquiler, para elaborar una lista de ofertas sospechosas, con el objetivo de poner en marcha un plan de inspecciones cuando empiece la temporada turística, en el mes de junio. De momento, en el departamento de Ordenación Territorial y Turística ya han localizado unas sesenta ofertas que les plantean dudas.
«Hemos detectado muchas viviendas que se ofrecen de octubre a mayo, y aunque en principio esto es legal, nos da indicios de que quizá estos pisos se están reservando para hacer alquiler turístico en verano. Si tiene licencia no hay problema, porque se puede compaginar, pero si no tuvieran los permisos habría una ilegalidad, y estas infracciones son las que queremos detectar», señala la consellera Núria Torrent. Además, Torrent asegura que los técnicos del Consell «no han encontrado ningún alquiler de temporada que se ofrezca de abril a septiembre, lo cual es un poco sospechoso». Por todo ello, desde el Consell consideran que «los alquileres de temporada en la Isla se están utilizando con una finalidad que no deberían tener», y durante los próximos meses vigilarán los pisos que ya se han listado por si se ofrecen como alquiler turístico vacacional.
Fraude de ley
En este sentido, el conseller socialista Eduardo Robsy, que participa en el grupo de trabajo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la regulación del alquiler de temporada, asegura que este tipo de alquiler es una figura necesaria en una economía turística como la menorquina, en la cual hay muchos trabajadores que vienen a trabajar durante la temporada turística o funcionarios que se desplazan por un periodo corto de tiempo, «pero si se analizan los datos de portales como Idealista, parece claro que se está haciendo un alquiler de temporada complementario a un alquiler turístico previsiblemente ilegal». Por este motivo, remarca que «no puede ser que prácticamente todo sea alquiler de temporada, porque hay algo que no acaba de cuadrar».
Zonas tensionadas
Los alquileres de temporada están regulados por el Código Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y se considera que una vivienda de temporada es aquella que no se destina a vivienda habitual y permanente del inquilino, sino como residencia durante un periodo de tiempo, quedando las condiciones sometidas a lo que acuerden las partes.
Ahora, este tipo de alquileres han quedado fuera de la regulación de la nueva Ley de Vivienda estatal, que prevé la limitación de los alquileres previa declaración por parte de las comunidades autónomas de zonas tensionadas, y ya se ha detectado que en los territorios donde ya se está aplicando, como Cataluña, un importante número de propietarios están pasando sus viviendas al alquiler de temporada para eludir la nueva ley. «Lo que no puede ser es que el alquiler de temporada sea una pantalla que se use de manera fraudulenta para camuflar alquileres de vivienda habituales y rebajar el nivel de exigencia», señala Robsy en este sentido.
De momento, el Govern ya ha descartado la aplicación de la nueva ley en Balears, y este lunes PP y Vox tumbaron una propuesta de Més en el pleno del Consell que pedía la limitación de los alquileres en la Isla.
El apunte
El Gobierno quiere evitar que se pueda burlar la nueva ley
El Gobierno ya ha iniciado los trabajos para modificar la regulación de los alquileres de temporada, con el objetivo de que los propietarios no puedan usar esta figura legal para esquivar la nueva Ley de Vivienda estatal, que prevé medidas para limitar el aumento de los alquileres en las comunidades donde se aplique, previa declaración de zonas tensionadas.
De momento, la nueva ley solo se está aplicando en Cataluña, lugar donde ya se han detectado una gran cantidad de tenedores que están usando los alquileres temporales para eludir la regulación más exigente de los arrendamientos permanentes. Por ello, ahora el Ejecutivo se afana en intentar poner un parche para evitar el uso fraudulento de este tipo de alquileres, que están pensados para trabajadores de temporada o desplazados, nómadas digitales o estudiantes universitarios, entre otros, pero no para alquilar inmuebles de uso habitual.
Grupo de trabajo
El conseller socialista Eduardo Robsy, compagina su actividad en el Consell con un puesto como asesor económico en La Moncloa, y es uno de los integrantes del grupo de trabajo que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha puesto en marcha para evitar que la figura contractual del alquiler de temporada se use de manera indebida y la oferta de vivienda se vea retraída.
En este sentido, desde el Ministerio señalan que entre los objetivos del grupo de trabajo está «el establecimiento de mecanismos para no eludir el cumplimiento de la LAU e intentar salvaguardar los alquileres de temporada que realmente lo son, como los de los estudiantes o los trabajadores temporales».