El Consell ha marcado entre sus prioridades la lucha contra el alquiler turístico ilegal, por considerarlo uno de los principales causantes del grave problema del acceso a la vivienda en Menorca. En el marco de esta lucha, la consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, ha anunciado hoy su intención de firmar un protocolo con la Guardia Civil y la Policía Nacional, como el que ya existe con las policías locales, para extender esta colaboración a todos los cuerpos de seguridad presentes en la Isla.
Con este objetivo, la consellera Torrent y el director insular de Vivienda, Jaime Fedelich, se han reunido este martes con la directora insular de la Administración General del Estado en Menorca, Isabel López; el jefe de la Guardia Civil en Menorca, Carlos Ferrari; la inspectora jefa de la comisaría de Maó, Diana Olmo; y Plácido Martínez, jefe de la Policía Nacional de Ciutadella.
Vigilancia también en suelo rústico
La voluntad del Consell es extender la colaboración con las policías locales en la lucha contra el alquiler turístico ilegal a la Guardia Civil y la Policía Nacional, lo que permitirá ampliar este tipo de sinergias a toda la Isla, especialmente en el suelo rústico, donde la Guardia Civil tiene competencias.
«Queremos que la Policía Nacional y la Guardia Civil también nos pueden ayudar a identificar infracciones, como ya hacen las policías locales, puesto que ellos trabajan a pie de calle y pueden detectar posibles hechos sancionables», ha señalado Torrent.
El protocolo firmado entre el Consell y las policías locales establece que cuando los agentes detecten un posible caso de oferta ilegal, deberán rellenar un cuestionario otorgado a cada ayuntamiento para especificar el domicilio y las sospechas descubiertas. Ahora, el objetivo del Consell es que esta colaboración se pueda extender a todas las fuerzas de seguridad que trabajan en la Isla, y llegar así a todos los rincones.
Plan de acción contra el alquiler turístico ilegal
La colaboración con los distintos cuerpos policiales que operan en la Isla forma parte del plan de acción del Consell para luchar contra la oferta de alquiler turístico ilegal, que incluye medidas como la creación de un formulario para que los ciudadanos puedan realizar denuncias si tienen conocimiento o sospechan de alguna vivienda que se esté comercializando de forma irregular, y que ya se ha puesto a disposición de la ciudadanía.
Entre otras medidas, el Consell también pretende aumentar las inspecciones a las casas o pisos que se alquilan solo en invierno, para esclarecer si en verano estas pasan al mercado turístico ilegal.
Asimismo, el Consell prevé impulsar un programa de alquiler estable, dotado con 100.000 euros, para incentivar a los propietarios que pongan sus casas en alquiler de larga duración.
Mucha foto. Mucho uniforme esta vez. Mucho alcalde en la anterior. Pero la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dice lo que dice: "No tienen la consideración de convenios, los PROTOCOLOS Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten MERAS DECLARACIONES DE INTENCIONES de contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, SIEMPRE QUE NO SUPONGAN LA FORMALIZACIÓN DE COMPROMISOS JURÍDICOS CONCRETOS Y EXIGIBLES". Es decir: mucha foto, mucho titular, pero NADA DE NADA.