El Consell se suma a la preocupación por el retraso en la resolución de procedimientos administrativos que muchas veces afectan a menores, como pruebas preconstituidas que, necesariamente, deben contar con un psicólogo del Instituto de Medicina Legal (IML) para obtener la declaración de menores de edad.
Además, la vacante de psicólogo forense afecta a los servicios insulares, provoca «disfuncionalidades», afirman desde la institución, ya que en algunas ocasiones se encomienda al Servicio Insular de Familia –dependiente de la Conselleria de Bienestar Social–, la elaboración de informes de seguimiento de menores que le correspondería hacer al psicólogo judicial, todo para evitar que la demora siga en aumento, explican desde el departamento que dirige la vicepresidenta, Carmen Reynés.
El retraso de diligencias como valoraciones psicológicas de las víctimas (informe de sintomatología) o las exploraciones judiciales de los menores como prueba preconstituida, «no hace sino aumentar el perjuicio de las víctimas y ralentiza su proceso de recuperación», lesionando su estado y reviviendo su situación traumática, o lo que se denomina la revictimización, explican desde la Conselleria de Bienestar.