El Consell se plantea no renovar las licencias de alquiler turístico en los cascos urbanos

El Consell se plantea «poner límites» al alquiler turístico en Menorca para hacer aflorar la oferta residencial —ahora prácticamente inexistente— y así «frenar» la masificación que, según el presidente Adolfo Vilafranca, «ha crecido de forma exponencial en los ocho últimos años».

Vilafranca echa en cara a la izquierda que «no haya adoptado ninguna medida» en este tiempo «para paliar o moderar la masificación». Ni para contener el efecto de la Ley Turística, «que incentivó el alquiler vacacional», ni para «rebajar» el techo de plazas que fija el Plan Territorial, que PSOE, Més y Unides Podem «quisieron aprobar a toda prisa», antes de las elecciones.

Eso hizo, según el presidente, que se utilizaran datos «totalmente desfasados», de 2015, «se mantuviera» el techo de crecimiento en 11.345 nuevas plazas «y no se limitara el alquiler turístico, cuando el PTI era el instrumento idóneo».

Ahora, la herramienta que Vilafranca esgrime para regular el crecimiento es el estudio de capacidad de carga turística, que espera recibir a mediados de mayo y que «nos dará la información actualizada para empezar a tomar medidas».

Entre éstas, el presidente, que hasta ahora planteaba extender la actividad turística al suelo rústico, no descarta «limitar las tipologías de alquiler turístico, más allá de la zonificación», que lo circunscribe en general a las urbanizaciones. La idea que baraja el equipo de gobierno pasa por «no renovar las licencias que estén fuera de ordenación o tengan fecha de caducidad».

En este supuesto se hallarían aquellas que no se ubiquen en «las zonas delimitadas como aptas» o los pisos de propiedad horizontal (comunidades) de los núcleos urbanos que hayan ejercido su actividad durante cinco años desde que formularon la declaración responsable. Todas estas autorizaciones podrían ser revocadas, aunque Vilafranca no da por seguro que se pueda actuar ya este mismo verano.

Del estudio de capacidad de carga depende tanto la nueva limitación del alquiler turístico como el levantamiento de la moratoria que, desde hace dos años, impide crear nuevas plazas en la Isla. Adolfo Vilafranca anuncia que el Consell no se apresurará a levantarla y la mantendrá «hasta que no conozcamos cuál puede ser su impacto».

Con el mismo objetivo, ya esta temporada se intensificará el control del alquiler turístico ilegal, «que masifica y no favorece a quien actúa de forma correcta».El número de inspectores pasará de 7 a 9, se ha conveniado con la Policía Local, la Policía Nacional y la GuardiaCivil para que también puedan intervenir, y grandes plataformas como Booking han facilitado medidas de control para que el Consell pueda perseguir la oferta ilegal.

Lo que sí deberá esperar, al menos hasta la próxima temporada, es la restricción a la entrada de vehículos en temporada alta, una medida que ya permite la nueva Ley de Reserva de la Biosfera pero que el Consell supedita a las obras de mejora de la carretera general y a la puesta en marcha de las futuras líneas de transporte público en autobús previstas a partir de 2026.

«El Plan de Transporte por Carretera permitirá renovar las concesiones, caducadas desde 2020, y fomentar aún más el uso del bus para que la población se acostumbre a no coger tanto el coche», indica.

El hecho de haber tenido la carretera en obras durante los diez últimos años «también ha contribuido a crear una mayor sensación de masificación», por lo que terminar los trabajos, especialmente en el tramo Maó-Alaior, «ayudará».

Así que, una vez mejorada la carretera y el transporte público, «veremos si es necesario restringir o no la entrada de vehículos. Lo que sí puedo garantizar es que haremos un estudio como corresponde y no como el que nos dejaron, que los técnicos no quisieron verificar y tuvimos que avalar los políticos para que la empresa pudiera cobrar».