El GOB cargó este jueves contra el decreto de simplificación administrativa aprobado por el Govern, que considera una «veda abierta a la inversión y devastación del territorio y de los recursos sin impedimentos y sin precedentes». Los ecologistas advierten de que, con los cambios que el Ejecutivo autonómico ha decretado en medio centenar de leyes, Menorca queda en estos momentos «más desprotegida que nunca», lo que denuncian como «especialmente grave en un momento de tanta sensibilidad frente a la masificación turística» y cuando la Isla «está en el centro del interés inmobiliario del Mediterráneo».
Desde el GOB aseguran que las modificaciones aprobadas «dejan sin coherencia efectiva toda la ordenación territorial, urbanística y sectorial sin evaluar las consecuencias e impactos brutales que esta desregulación tendrá sobre los recursos y la realidad territorial». Los ecologistas anuncian que van a analizar todas las vías legales para promover una suspensión cautelar de los efectos de la norma e impugnarla ante el Tribunal Constitucional.
Ven especialmente grave que estos cambios de calado se hagan a través de un decreto ley y adelantan que en los próximos días enviarán escritos a todos los ayuntamientos para personarse como parte interesada en la totalidad de los expedientes de legalización que se pretendan acoger a la amnistía urbanística. Asimismo ven en el decreto un motivo más de peso para acudir a la concentración que han organizado el próximo sábado a las 19.30 horas en la Plaça Biosfera de Maó.
El apunte
El Consell defiende que el decreto evita trámites redundantes
El Consell defendió este jueves que el decreto ley de simplificación administrativa «ayudará a desburocratizar y evitar trámites redundantes que generan duplicidades». El conseller de Medio Ambiente, Simón Gornés, celebra que se hayan atendido las propuestas del Consell para modificar la Ley de Menorca Reserva de Biosfera, de la que afirma que «dará más protagonismo al consejo científico para realizar una gestión adecuada y basada en criterios objetivos».
Por su parte, la consellera de Ordenación del Territorio, Núria Torrent, subrayó que se suprime la duplicidad de las cédulas de habitabilidad de primera ocupación, que hasta ahora «hacían perder tiempo a los ciudadanos» y que «no se construirán en ningún caso nuevas edificaciones en suelo rústico, sino que se dará solución a los casos existentes con infracciones ya prescritas, que durante años han supuesto un problema social y ambiental».