La Sindicatura de Greuges de Menorca se siente ignorada. El organismo similar al Defensor del Pueblo, que el Consell creó en el año 2016 para atender a los ciudadanos en sus demandas ante la Administración, es desatendido por las propias instituciones de la Isla.
Es la conclusión que emana del primer año de mandato de las nuevas corporaciones surgidas de las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Los síndicos constatan un «bajo cumplimiento» de las administraciones a la hora de gestionar sus demandas
La entidad se siente tan poco tenida en cuenta que acusa a la clase política en general de «no creer en la Sindicatura. Crearon un servicio para atender al ciudadano, pero si no nos responden ni a nosotros en tiempo y forma, ni nos dotan de los recursos que necesitamos, están bloqueando nuestro cometido», concluye Pepa Gil.
Por eso, tanto ella como el otro síndico actualmente en activo, Alfredo Benosa, solicitan que se dé a sus expedientes «un carácter preferente, porque quien acude a nosotros ya lo hace en segunda instancia y acumula así un mayor retraso del que lleva ya sufriendo de la Administración».
«Entendemos perfectamente que el ciudadano pueda tener la impresión de que la Administración no es ágil y no da respuesta a sus quejas, porque nosotros también lo padecemos. ¿Para qué sirve entonces la Sindicatura?», se preguntan.
Este déficit en la atención a sus peticiones «se da indiscriminadamente y sin distinción política», aunque hay ayuntamientos más cumplidores, como el de Ciutadella, y otros que «bloquean» la acción de la Sindicatura.
Lista negra
La lista negra la encabeza el Ayuntamiento de Maó, que todavía tiene una causa pendiente de resolver desde hace más de siete meses. Se trata de la queja formulada por un ciudadano al que se denegó la bonificación en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la que tenía derecho por haber instalado placas solares en su vivienda. «Llevamos desde noviembre con reuniones, conversaciones e instancias, aún sin resultado», lamentan.
Los siguientes incumplidores son los ayuntamientos de Es Mercadal y Es Castell. El primero sigue sin «normalizar» el escudo municipal, que en todas sus formas (tanto en los documentos oficiales como en la cartelería o las redes sociales) luce seis franjas rojigualdas en lugar del blasón cuatribarrado propio de la Corona de Aragón.
El expediente, relata Alfredo Benosa, se le abrió en octubre de 2022, todavía bajo mandato del entonces alcalde Xisco Ametller, se cerró al año siguiente tras reunirse con el nuevo primer edil Joan Palliser y aún sigue sin materializarse, «y sin que el alcalde nos atienda».
En el caso de Es Castell, la principal reclamación no atendida tiene que ver con el uso del artículo ‘salat' catalán y, por tanto, no oficial, en sus comunicaciones institucionales y por redes sociales, así como en el programa de las fiestas de Sant Jaume del año pasado.
Tres meses
Los síndicos alertan que se está incumpliendo la Ley Orgánica 4/2001 de Derecho de Petición, que estipula un plazo máximo de tres meses para que la Administración dé respuesta a un ciudadano, y extienden su queja al Consell, la entidad que los ampara estructuralmente y que «debería dar ejemplo»
El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran tiene un solo expediente en trámite, Sant Lluís y Ferreries ya no acumulan ninguno, y Alaior sigue siendo el único municipio en el que formalmente la Sindicatura no puede actuar contra las actuaciones que tome la Administración local. Y esto es así porque ha sido el último Consistorio menorquín en adherirse y todavía no ha podido completar la tramitación correspondiente.
Con la mosca detrás de la oreja por lo que ocurre en el resto de instituciones, los síndicos no quieren ver «intencionalidades ocultas» en este retraso.
El apunte
Reprende al presidente y los consellers por usar el ‘salat’ en las redes
Una de las últimas actuaciones de la Sindicatura ha consistido en mandar una «recomendación» al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, para que tanto él como el conseller de Cultura, Joan PonsTorres, «se atiendan a la normativa» y dejen de ‘salar’ en sus publicaciones en las redes sociales.
Ha acompañado su petición de sendos informes elaborados por el Institut d’Estudis Catalans, la Universitat de les Illes Balears (UIB)y la propia asesora lingüística del Consell. La directora del departamento de Filología Catalana de la UIB, Maria Isabel Ripoll, distingue el artículo ‘salat’, «propio del habla espontánea», del literario, «propio del registro formal».
Por su parte, la asesora del Consell, Eva Florit, concluye que «el uso del ‘salat’ o baleárico en las comunicaciones que se hacen a través de las redes sociales del Consell no se ajusta ni al papel normalizador, ni a la normativa lingüística, ni a los manuales de estilo».
Las claves
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Pone placas solares en su casa y Maó no le bonifica el IBI
El caso que más retraso acumula lo sufre un ciudadano de Maó, al que el Ayuntamiento no ha bonificado el IBI pese a instalar placas solares en su casa. La Sindicatura pide desde noviembre al Consistorio que reconozca su derecho.
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El escudo de seis franjas rojigualdas de Es Mercadal
El escudo institucional de Es Mercadal aún luce seis franjas rojigualdas, cuando debería tener solo cuatro, en consonancia con la Corona de Aragón. Este ‘error’ se repite en los documentos, cartelería y redes sociales municipales.
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Es Castell ‘sala’ en sus comunicaciones oficiales y por redes
Un particular ha denunciado ante la Sindicatura que el Ayuntamiento de Es Castell haga uso del artículo ‘salat’ y no del literario en sus comunicaciones institucionales, tanto en las dirigidas a los medios como en las que figuran en las redes sociales del Consistorio.