Los empleados públicos verán satisfecha la subida salarial aprobada este martes por el Consejo de Ministros, del 2 por ciento (pendiente de otro 0,5 ligado a la inflación), en la primera nómina posible, que será en la mayoría de los casos la de julio, a cobrar en agosto, o en algunos entes de la Comunidad Autónoma, como el IB-Salut, puede ser incluso la de septiembre, según los cálculos de la Conselleria de Hacienda, y siempre con carácter retroactivo a 1 de enero de 2024. El Consell no tendrá que realizar una modificación de crédito para poder pagar estos atrasos porque cuenta con suficiente crédito presupuestario para abonar la actualización del sueldo de sus trabajadores, según señalaron este martes desde la institución.
El Consell, pese a no haber podido aprobar sus cuentas de este ejercicio por no contar con la mayoría política necesaria y tener prorrogadas las de 2023, está obligado a aplicar la mejora de salarios de los funcionarios y el personal laboral porque esta se recoge en el Acuerdo Marco Estatal firmado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO, con los que se comprometió a seguir una hoja de ruta de subidas salariales de 2022 a 2024 que concluirá en diciembre de este año con un aumento acumulado en dicho trienio del 9,5 por ciento.
A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se espera que este miércoles, del acuerdo del Consejo de Ministros, cada administración analizará cómo aplica dicha subida, ya que afecta a todas las plantillas públicas, tanto las de los servicios del Estado, y aquí se incluyen tribunales y justicia, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, así como funcionarios de las oficinas de la Administración del Estado como la Seguridad Social; también los empleados de Govern y Consell; y por último, los ayuntamientos.
UGT y CCOO afirmaron este martes que en diciembre se hará efectivo el incremento retributivo adicional del 0,5 por ciento en el salario de los funcionarios para este año, un porcentaje variable que se sumará a la subida salarial del 2 por ciento aprobada y que se abonará si se cumple el requisito de que la suma de la variación del IPC adelantado de 2022, 2023 y 2024 supera el aumento retributivo fijo aplicado durante dichos años (8 por ciento), algo que ya ha sucedido.
En concreto, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPCA de 2022 fue del 5,5 por ciento y el de 2023 terminó en el 3,3 por ciento, lo que resulta un total del 8,8 por ciento, que supera el límite establecido para aplicar esa subida adicional del 0,5 por ciento.
...me gustaría saber que beneficios generan esas 700 personas a la gente. Si fuesen sanitarios estaría claro, si fuesen bomberos. Increible.