La Dirección General de Tráfico ha arrebatado al Ayuntamiento de Maó la gestión y recaudación de los radares que había adquirido e instalado el Consistorio en febrero de 2022, en la Vía Ronda, calle Ses Quatre Boques y Sant Climent, aunque su periodo sancionador se postergó hasta el pasado 15 de abril.
Tan enrevesado proceso, que ha incluido diversas fases con las que el equipo de gobierno justificó que los cinemómetros funcionaran pero no multaran durante 22 meses, ha tenido un desenlace imprevisto que no advirtió en su momento la Policía Local cuando recomendó y propuso la colocación de estos radares para extremar la seguridad después de un atropello mortal.
La DGT notificó al Ayuntamiento al mismo tiempo que este diario informaba sobre el inicio del periodo sancionador el pasado 10 de abril, que correspondía al organismo público la gestión, notificación y recaudación de las sanciones que se deriven de la información captada por los radares. Argumenta Tráfico que sus tres ubicaciones son consideradas vías interurbanas porque no disponen de ninguna vía alternativa de la misma categoría, y por tanto son de su competencia.
La notificación sorprendió al equipo de gobierno que, de inmediato, solicitó un informe a los servicios jurídicos municipales. Además, el alcalde, Héctor Pons, mantuvo varias reuniones con la directora provincial de la DGT en Balears, Francisca Ramis, para clarificar la información y tratar de hallar otra solución. Finalmente, el criterio de los juristas del Consistorio ha coincidido con la reclamación de Tráfico lo que ha llevado al Ayuntamiento a acatarla porque ha comprobado que la competencia sancionadora corresponde al organismo público.
Desde entonces hasta este mes, la información de los radares ya ha sido enviada por la empresa encargada de tramitar los datos y las imágenes de los vehículos susceptibles de ser sancionados por exceso de velocidad a la DGT, que será quien notifique las multas.
Tráfico ha informado al Ayuntamiento que asume a partir de ahora el mantenimiento de los radares. También aportará un nuevo vehículo a la Policía Local para efectuar controles de velocidad y hará entrega de material de educación vial para las tareas pedagógicas y educativas que realizan los agentes.
150.067 euros a recuperar
El alcalde, Héctor Pons, por otro lado, ha solicitado a la directora provincial una doble compensación tras la «pérdida» de la recaudación de los radares.
Por un lado pide el reembolso de los 150.067 euros que costaron a las arcas municipales su adquisición e instalación. Y por otro, reclama que parte de los ingresos de las multas que ahora serán para el organismo estatal, reviertan en el municipio. Pide Héctor Pons que una porción de esta recaudación derivada de los radares sirva para la contratación de más efectivos policiales, la mejora de las condiciones de la vía, titularidad del Ayuntamiento, y la renovación de la iluminación, mantenimiento de la señalización y pavimento, entre otros gastos obligados.
El Consistorio cree que debería recibir anualmente una cantidad que permita destinar los recursos necesarios a las mencionadas inversiones. Tráfico aún no ha dado respuesta.
Crec que la DGT s'han passat de llestos. La definició de via interurbana es “Vía pública situada fuera de poblado, estando delimitado este por las señales de entrada y salida de poblado.” A la carretera de Sant Lluis aquesta senyal esta antes de la rotonda que va al Pascual Calbó. A la carretera de Sant Climent no sé si existeix, pero lo logic es que estigui antes de la rotonda de La Salle. L'Ajuntament lo que hauria de fer es consultar amb altres serveis juridics i no fiarse tant dels seus