El suceso de Cala Bona, en Mallorca, que ha costado la vida a Guillem Comamala, un joven mallorquín de 20 años que fue embestido por un yate mientras pescaba en una pequeña embarcación, ha vuelto a poner encima de la mesa el problema de la seguridad en el mar, que cada año se agrava a causa del aumento del número barcas que navegan por las costas de Balears, en muchos casos a velocidades excesivas y sin respetar las más elementales normas de convivencia o fondeando demasiado cerca de los bañistas.
Menorca no escapa a esta problemática y, por ello, desde el sector náutico y desde algunas entidades ecologistas se piden cambios en las normativas y, sobre todo, un aumento de los recursos destinados a la vigilancia y el control en el mar.
Falta de vigilancia
Desde la Asociación Menorquina de Empresas Náuticas (Asmen) tienen claro que el principal problema en el mar es la falta de vigilancia y control. «No se trata de endurecer la normativa, porque la norma ya existe, sino de que alguien controle que la ley se cumpla», señala Gabriel Massanet, presidente de la patronal menorquina, quien esta semana ha asistido a la constitución de la Mesa Náutica en Palma, un foro que pretende coordinar el desarrollo sostenible del sector y donde se ha tratado este tema.
En este sentido, Massanet niega que se trate de un problema de masificación en el mar, y lo atribuye al incivismo, y pone de ejemplo los grandes yates que vienen de fuera, y que «muchas veces salen del puerto de Maó a demasiada velocidad, provocando olas que impactan en los más pequeños». «Cuando llevas un barco de ciertas dimensiones, tienes que ir con cuidado de no molestar a los otros, porque todos tenemos que convivir», añade.
Este punto de vista también lo comparte María García, secretaria general de PIME Menorca, quien pide más recursos para detectar imprudencias y malas prácticas. «El mar es muy extenso, y en el ámbito náutico hay una sensación muy extendida de que hay poca vigilancia, y de que con un mayor control se podrían corregir rápidamente algunas conductas», remarca.
Más policía en el mar
Desde el sector pesquero también se observa esta situación con preocupación, puesto que a menudo son espectadores privilegiados de las imprudencias que se cometen en el mar. «Hay embarcaciones que pasan al lado de kayaks o barcas más pequeñas a toda pastilla, y esto antes no pasaba, pero ahora todo es un desbarajuste», asegura Xavier Marquès, presidente de la Confraria de Pescadors de Ciutadella. Por ello, los pescadores aseguran que «para poner un poco de orden» es necesaria una mayor presencia de la autoridad en el mar. «Falta una Guardia Civil del Mar que sea como la de Tráfico, y si hay alguien que hace animaladas que le pongan una multa», sentencia.
Campaña del GOB
Para denunciar este problema y poner el foco en la cada vez más difícil convivencia entre barcas y bañistas, desde el GOB acaban de lanzar una campaña en las redes sociales, en la que se muestran imágenes de los problemas provocados por los comportamientos incívicos, algo que desde la entidad ecologista sí que atribuyen a la masificación del mar.
En este sentido, el coordinador territorial del GOB Menorca, Miquel Camps, subraya que el número de embarcaciones ha crecido mucho en la Isla en los últimos años, y no hay ninguna planificación a nivel insular, algo que está previsto en el Plan Territorial Insular (PTI), pero que nunca se ha desarrollado. «Nosotros tenemos noticias de que en los últimos años, con el incremento de turismo náutico y el cambio en la tipología de los usuarios, ya hay gente que se dedica a hacer la vuelta a la Isla a toda velocidad», explica Camps a modo de ejemplo.
Desde la organización ecologista también recuerdan que cuando se tramitó el Plan General de Puertos de Balears ya se hizo un estudio que señalaba que la capacidad náutica de la Isla se había superado. «Cuando pasas los límites, lo que hay es una mala convivencia», enfatiza Camps.
Asimismo, desde el GOB lamentan que «la actividad en el mar siempre se organiza mirando a los intereses del sector náutico y se olvidan los intereses de los bañistas, que son la mayoría de los usuarios del mar». También coinciden en la necesidad de una mayor vigilancia. «Tenemos una actividad económica que ha crecido mucho, y no ha ido acompañada de un servicio público de vigilancia», resumen.
Cambios en la normativa
Por todo ello, desde entidades como el GOB o SOS Posidònia, además de un aumento de la vigilancia, piden cambios en la normativa que permitan proteger a los bañistas y aumentar la seguridad en las costas. Entre sus propuestas, está la de ampliar la limitación de navegar a 3 nudos a 50 metros de la costa hasta una distancia de 300 metros en todo el litoral, como ya sucede en Francia.
También abogan por hacer más grandes las zonas destinadas a los bañistas, una medida que tendrían que implementar los ayuntamientos, y que permitiría crear zonas de protección más amplias.
Desde SOS Posidònia, Guillem Mercadal también recalca la necesidad de balizar más pronto los arenales. «En Sant Lluís, por ejemplo, las playas se balizaron casi en julio, cuando la temporada turística empieza en mayo», recuerda