El conseller socialista Eduardo Robsy ha entregado al Consell, mediante la presentación de una instancia, una lista con 1.563 anuncios de Airbnb que incumplen la normativa turística, con la petición de que la máxima institución insular solicite su retirada inmediata a la plataforma de alquiler vacacional.
Robsy ha enviado el listado de los anuncios ilegales como ciudadano y no como conseller, según especifica él mismo en el registro de entrada, pero lo hizo durante el pleno del lunes del Consell, y después de que el Partido Popular rechazara la mayor parte de los puntos de una moción presentada por el PSOE, en la que, entre otras cosas, se pedía al Consell que requiera a las plataformas la retirada de todos los anuncios que no incluyan la identificación del registro turístico o utilicen uno incorrecto.
Alertador fiable
En la instancia presentada, Robsy recuerda que existe un mecanismo para que el Consell se dé de alta como ‘alertador fiable’, lo que permitiría solicitar a las plataformas la retirada de anuncios que no cumplen la normativa aplicable sin la necesidad de incoar un expediente administrativo, sino simplemente comunicando a la plataforma los anuncios ilegales y las leyes que se vulneran.
Para facilitar el trabajo, el socialista incluye un listado con la identificación de todos los anuncios que no muestran la preceptiva licencia, incumpliendo de esta manera los requisitos de identificación que se establecen en la normativa de la Unión Europea.
En el listado presentado por Robsy figuran un total de 1.563 anuncios en los que no se muestra la licencia turística, lo que según el socialista supone el 38 por ciento de la oferta total del portal en estos momentos, y unas 8.000 plazas no acreditadas.
«Le pido que use esta herramienta para luchar contra la oferta ilegal, porque es mucho más rápida y efectiva que los expedientes sancionadores, que también se tienen que hacer», señaló Robsy durante su intervención. «Si hemos hecho una veintena de expedientes sancionadores en lo que va de año, aunque se amplíe el personal, quedaremos muy lejos de la oferta ilegal que hay en este momento», añadió.
Negativa de los técnicos
La respuesta de la consellera Núria Torrent fue que, según señalan los técnicos del Consell, el marco jurídico actual no permite obligar a las plataformas a que retiren los anuncios hasta que no se haya puesto en marcha un expediente administrativo, a lo que Robsy respondió que desde febrero sí que existe una vía para hacerlo, gracias al mecanismo de los ‘alertadores fiables’, designados de conformidad con el artículo 22 del reglamento UE 2022/2065, que permite agilizar las reclamaciones de infracciones en las plataformas. «Los políticos nos tenemos que fiar de los técnicos, pero no hasta el final. Tenemos que coger la ley y mirar lo que pone», fue la respuesta de Robsy a la consellera.
«Usted ha tenido aquí un poco de soberbia y yo me fío de los funcionarios de la casa», respondió Torrent a su vez, mientras volvía a subrayar que la lucha contra el alquiler turístico ilegal es una de las prioridades del actual equipo de gobierno. «Nunca en tan poco tiempo se habían tomado tantas medidas con relación a este tema», aseveró la consellera.
Impunidad
En el texto de la moción que presentó el PSOE se asegura que entre los propietarios que ofrecen alquileres turísticos ilegales se ha extendido una «sensación de impunidad», que se demuestra con la práctica desaparición de la oferta de contratos de alquiler habitual, que han sido sustituidos «por contratos de arrendamiento de temporada de octubre a mayo, dedicándose, con toda probabilidad, al alquiler turístico ilegal de junio a septiembre». Por ello, los socialistas remarcan que «es necesario poner en marcha nuevas propuestas que puedan tener un mayor alcance y efectividad».
El día 06/09/24 un diario catalanista publicó: “Por ahora, la asociación ecologista GOB alerta de que en Menorca existen cerca de 9.000 viviendas vacacionales ilegales...” Pero realmente, esa información está manipulada, dicho número de viviendas realmente se refiere a viviendas vacías, que fue lo que dijo Marta Vidal que se tenían que recuperar, pero el GOB lo ha utilizado haciendo demagogia sobre dicha problemática, y en tal sentido se expresó Miguel Camps, portavoz del GOB, en un medio local, exponiendo que había 9000 viviendas turísticas ilegales. Por otro lado, buscando, creo que he encontrado quien le ha facilitado la información a Gobsy: “Por ahora, la asociación ecologista 𝐆𝐎𝐁 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫𝐜𝐚 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝟗.𝟎𝟎𝟎 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞𝐬 y el 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐜𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫𝐜𝐚.𝐜𝐨𝐦 𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝟏.𝟔𝟏𝟎 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝟒.𝟏𝟕𝟑 𝐚𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐀𝐢𝐫𝐛𝐧𝐛 corresponden a pisos y apartamentos sin licencia.” Que casualidad ¿no? 𝐄𝐬𝐭𝐚́ 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐨: 𝐆𝐎𝐁 𝐞 𝐈𝐳𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐥𝐞𝐚𝐫𝐞𝐬.