El conseller socialista Eduardo Robsy ha entregado al Consell, mediante la presentación de una instancia, una lista con 1.563 anuncios de Airbnb que incumplen la normativa turística, con la petición de que la máxima institución insular solicite su retirada inmediata a la plataforma de alquiler vacacional.
Robsy ha enviado el listado de los anuncios ilegales como ciudadano y no como conseller, según especifica él mismo en el registro de entrada, pero lo hizo durante el pleno del lunes del Consell, y después de que el Partido Popular rechazara la mayor parte de los puntos de una moción presentada por el PSOE, en la que, entre otras cosas, se pedía al Consell que requiera a las plataformas la retirada de todos los anuncios que no incluyan la identificación del registro turístico o utilicen uno incorrecto.
Alertador fiable
En la instancia presentada, Robsy recuerda que existe un mecanismo para que el Consell se dé de alta como ‘alertador fiable’, lo que permitiría solicitar a las plataformas la retirada de anuncios que no cumplen la normativa aplicable sin la necesidad de incoar un expediente administrativo, sino simplemente comunicando a la plataforma los anuncios ilegales y las leyes que se vulneran.
Para facilitar el trabajo, el socialista incluye un listado con la identificación de todos los anuncios que no muestran la preceptiva licencia, incumpliendo de esta manera los requisitos de identificación que se establecen en la normativa de la Unión Europea.
En el listado presentado por Robsy figuran un total de 1.563 anuncios en los que no se muestra la licencia turística, lo que según el socialista supone el 38 por ciento de la oferta total del portal en estos momentos, y unas 8.000 plazas no acreditadas.
«Le pido que use esta herramienta para luchar contra la oferta ilegal, porque es mucho más rápida y efectiva que los expedientes sancionadores, que también se tienen que hacer», señaló Robsy durante su intervención. «Si hemos hecho una veintena de expedientes sancionadores en lo que va de año, aunque se amplíe el personal, quedaremos muy lejos de la oferta ilegal que hay en este momento», añadió.
Negativa de los técnicos
La respuesta de la consellera Núria Torrent fue que, según señalan los técnicos del Consell, el marco jurídico actual no permite obligar a las plataformas a que retiren los anuncios hasta que no se haya puesto en marcha un expediente administrativo, a lo que Robsy respondió que desde febrero sí que existe una vía para hacerlo, gracias al mecanismo de los ‘alertadores fiables’, designados de conformidad con el artículo 22 del reglamento UE 2022/2065, que permite agilizar las reclamaciones de infracciones en las plataformas. «Los políticos nos tenemos que fiar de los técnicos, pero no hasta el final. Tenemos que coger la ley y mirar lo que pone», fue la respuesta de Robsy a la consellera.
«Usted ha tenido aquí un poco de soberbia y yo me fío de los funcionarios de la casa», respondió Torrent a su vez, mientras volvía a subrayar que la lucha contra el alquiler turístico ilegal es una de las prioridades del actual equipo de gobierno. «Nunca en tan poco tiempo se habían tomado tantas medidas con relación a este tema», aseveró la consellera.
Impunidad
En el texto de la moción que presentó el PSOE se asegura que entre los propietarios que ofrecen alquileres turísticos ilegales se ha extendido una «sensación de impunidad», que se demuestra con la práctica desaparición de la oferta de contratos de alquiler habitual, que han sido sustituidos «por contratos de arrendamiento de temporada de octubre a mayo, dedicándose, con toda probabilidad, al alquiler turístico ilegal de junio a septiembre». Por ello, los socialistas remarcan que «es necesario poner en marcha nuevas propuestas que puedan tener un mayor alcance y efectividad».
El apunte
Entra en vigor el nuevo Reglamento de Servicios Digitales de la UE
El pasado 17 de febrero, entró en vigor el nuevo Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, uno de cuyos objetivos principales es luchar contra el contenido ilícito en internet, y proteger los derechos y la seguridad de los consumidores.
El reglamento regula la actividad de los prestadores de servicios intermediarios, tales como proveedores de acceso a internet, motores de búsqueda, redes sociales, mercados y plataformas en línea.
Una de las figuras que se contemplan es la de los ‘alertadores fiables’, a quien las plataformas deben dar prioridad, puesto que se trata de entidades independientes con conocimientos y competencias específicos para detectar, identificar y notificar contenidos ilícitos.