Caritas Diocesana atribuye los casos de empadronamiento irregular y el negocio que llega a montarse con ello a la grave dificultad de acceso a una vivienda digna que existe en Menorca. «Se ha generado un incremento tan abusivo de los precios y requisitos de las pocas viviendas ofertadas en la Isla que a muchas personas y familias no les queda otra opción que vivir hacinados en habitaciones», concluye. Y esta situación se produce especialmente entre los ciudadanos extracomunitarios que, al no disponer de un contrato de alquiler a su nombre, «no pueden acceder al empadronamiento de manera real».
La entidad social de la Iglesia remarca que, «ante la necesidad», estas personas «buscan alternativas para poder tener acceso a servicios y derechos básicos» que, en caso contrario, verían vulnerados. Así que el padrón, entendido como un registro administrativo de todos los ciudadanos de un municipio, «permite dibujar un mapa de la realidad de las personas que efectivamente viven en un territorio».
En este sentido, Caritas agradece la predisposición de los ayuntamientos de Menorca para facilitar el empadronamiento, ya que «es la llave de acceso a derechos y servicios». Un paso «imprescindible» que permite eludir esta «barrera» de las administraciones locales para acceder a derechos fundamentales, reconocidos por la Unión Europea, que obligan a tratar de forma «imparcial y equitativa» a todos los ciudadanos.
«Las principales trabas -apunta la coordinadora de inclusión social de Caritas, Mar Pons- las ponen los propietarios, que muchas veces se oponen a ir empadronando más personas en las casas que tienen alquiladas». Y, claro está, «los alquileres en la Isla son tan caros y tan escasos que resultan insostenibles para el colectivo de personas a las que atendemos».
En cualquier caso, la situación de Menorca es más favorable que la de «algunos consistorios de la península, que están negando la inscripción en el padrón a aquellos ciudadanos extracomunitarios que no cuentan con autorización administrativa de residencia, negativa que ha motivado una polémica que les ha enfrentado con el Gobierno y la Comisaria Europea de Asuntos de Interior».
Palma inspeccionará casas
Un caso especialmente llamativo en Balears lo protagoniza el Ayuntamiento de Palma, que ha aprobado una iniciativa de Vox, secundada por el PP desde el gobierno municipal, para visitar domicilios con el objeto de inspeccionarlos, comprobar la veracidad de la información proporcionada y detectar empadronamientos ilegales o fraudulentos.
La iniciativa ha sido rechazada frontalmente por Caritas, que ha anunciado la interposición de un contencioso en los tribunales para oponerse al acuerdo. De hecho, PP y Vox quieren crear también un buzón donde los ciudadanos puedan formular denuncias anónimas.
... ya está Cáritas otra vez sacando los colores a la administración... creo que ya va siendo hora de que los poderes públicos se hagan de nuevo con las competencias que han estado delegando a esta empresa confesional a cambio de suculentas partidas presupuestarias, y tomen el asunto por los cuernos y empiecen a arreglarlo de una vez...