Las siete piscinas construidas sin licencia en el agroturismo de Torre Vella ya tienen vía libre para su legalización. El Ayuntamiento de Alaior ha resuelto finalmente conceder licencia para que los promotores regularicen la infracción detectada, según ha revelado este jueves el grupo ecologista GOB, que en octubre de 2019, tres meses después de la apertura del establecimiento hotelero en suelo rústico, denunciaba que los promotores habían obtenido el visto bueno medioambiental haciendo pasar esas siete piscinas por depósitos subterráneos para almacenar agua depurada.
En el año 2021 el Consorcio para la Disciplina Urbanística en Suelo Rústico abrió expediente sancionador por estas y otras actuaciones que no se ajustaban a la licencia, con una propuesta de multa que sumaba casi 1,5 millones, a razón de 486.844 euros para el promotor, constructor y arquitecto del agroturismo. El promotor ya había iniciado tiempo atrás los trámites ante el Ayuntamiento para legalizar las actuaciones.
Fue entonces cuando la Comisión Balear de Medio Ambiente alzó la voz para advertir de que el proyecto no se podía legalizar porque más allá de que se pudiera ajustar a la normativa urbanística, en el curso de la tramitación debía pasar por la Comisión Balear de Medio Ambiente, que no se iba a pronunciar sobre obras ya ejecutadas, más todavía cuando no se habían cumplido sus prescripciones. La única salida que daba era restituir la infracción, es decir, eliminar las piscinas, y empezar un nuevo proyecto.
Decisión unipersonal
Pero ahora este órgano se ha eliminado y los temas ambientales «pasan a depender de la decisión unipersonal de una persona de confianza, eliminando el peso de las opiniones técnicas y dejando los proyectos en manos de decisiones políticas» denuncia el GOB, quien recuerda que la concesión de licencia por parte del Ayuntamiento «ignora la reclamación de la extinta Comisión Balear de Medio Ambiente».
Los ecologistas vinculan este proceso de legalización a la aprobación del decreto de simplificación administrativa, que retoca más de 50 normativas y elimina el órgano colegiado que velaba por el cumplimiento de parámetros ambientales. «Eliminar la Comisión balar de Medio Ambiente muestra hoy uno de sus primeros efectos: premiar a los infractores», aseguran.
El proyecto presentado por los promotores para conseguir licencia en suelo rústico incluía un auditor ambiental que debía velar por el cumplimiento de unos condicionantes ambientales que no se cumplieron y en ese sentido los ecologistas advierten de que se sientan «un mal precedente que premia a los promotores que engañaron a todo el mundo».