El Defensor del Pueblo respalda al GOB y recomienda al Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico que reconozca a la entidad ecologista como parte interesada, al ser el denunciante del caso de las siete piscinas ilegales del agroturismo de Torre Vella (Alaior), y pueda consultar los expedientes que se tramitan para su legalización.
El GOB recurrió al Defensor del Pueblo después de que el Consorcio desestimara el recurso de reposición presentado por los ecologistas contra su petición de «poder conocer las actuaciones realizadas, las incidencias que se vayan produciendo y recibir audiencia antes de dictar resoluciones». El Consorcio alegó en su día para no atender la petición de que la Ley de Urbanismo de Balears prevé excepciones a la transparencia en el caso de los expedientes sancionadores.
Ante ello, el GOB acudió al Defensor del Pueblo, que ha emitido un informe jurídico, en el que concluye, según la entidad ecologista, que «el derecho al acceso a la información de entidades sin ánimo de lucro dedicadas al medio ambiente no puede ser conculcado por interpretaciones de normativas autonómicas».
Asimismo, siempre según el GOB, el Defensor del Pueblo argumenta que «la visión aplicada por el Consorcio vulnera normativa básica, cita a jurisprudencia del Tribunal Supremo y advierte que se están vulnerando la Ley estatal del derecho a la información ambiental, convenios internacionales y directivas comunitarias». Ante ello, el GOB volverá a solicitar al Consorcio que se les deje consultar los expedientes de Torre Vella.
No es la primera vez que el GOB recurre a instancias superiores para poder consultar los expedientes de Torre Vella, ya que antes lo había hecho por vía judicial y a través del Consejo de Transparencia, reclamando al Ayuntamiento de Alaior poder consultar información al respecto, aunque en estos casos dieron la razón al Consistorio.
El caso lo denunció el GOB en marzo de 2021, después de que la propiedad transformara lo que tenía que ser depósitos de agua en siete piscinas. El Consorcio le abrió expediente por unas actuaciones que le podrían suponer una multa de hasta 1,5 millones de euros. En paralelo, la propiedad ha presentado un proyecto de legalización, que todavía se está tramitando.