La finca de Algaiarens, situada al norte de Ciutadella, se enfrenta a una multa de 3,5 millones de euros por diversas construcciones ilegales y usos no permitidos en una zona de suelo rústico de máxima protección ambiental. Según ha adelantado IB3 y ha confirmado este diario, el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico ha abierto expediente a los responsables del proyecto de transformación de los llocs tras detectar infracciones muy graves que han derivado en la mayor propuesta de sanción que el ente urbanístico ha formulado desde su creación.
Entre las actuaciones presuntamente ilegales que se han detectado destacan la construcción sin autorización de una piscina de 130 metros cuadrados, la conversión de porquerizas en casetas y obras para instalaciones subterráneas, además de ampliaciones y cambios de usos no permitidos por el proyecto de rehabilitación aprobado.
Por el momento la propiedad de los terrenos, que fueron adquiridos en 2014 por el empresario catalán Manel Adell (ex director general de Desigual), no ha presentado ningún proyecto de legalización y fuentes conocedoras del expediente aseguraban este martes que niega haber cometido ninguna ilegalidad.
La apertura del expediente es el inicio de un proceso que se prevé largo. Habrá que ver cómo se resuelve. No en vano, cabe recordar que en el último precedente de multa millonaria por obras ilegales en rústico que salió a la luz pública, 1,5 millones por las piscinas construidas sin licencia en Torre Vella, el agroturismo consiguió legalizarlas y librarse de casi toda la sanción.
Es hora de dejar de desalentar a los inversores que vienen a Menorca con la intención de proteger y restaurar el patrimonio de nuestra isla. Muchos han realizado grandes inversiones para rehabilitar propiedades en desuso y en estado de deterioro, pero se encuentran con una normativa excesivamente restrictiva y, en algunos casos, aplicada de manera inconsistente. El PTI, como instrumento normativo, plantea una problemática legal, ya que no es una ley sino un decreto, lo cual podría estar en conflicto con la Ley del Suelo. Este plan está actualmente impugnado por ser considerado ilegal y podría ser anulado en un futuro cercano, lo cual facilitaría la inversión responsable en Menorca. Resulta desconcertante que en otras islas del mismo archipiélago, como Mallorca e Ibiza, se permita construir en parcelas de un mínimo de 15,000 metros, mientras que en Menorca esto no es posible. Estamos en Baleares, ¿cómo es posible que unas islas permitan estas construcciones y otras no? Esto deja en evidencia que el PTI es totalmente irregular y podría ser cuestionado en términos legales. Es fundamental incentivar al inversor que desea aportar a Menorca, cuidando y conservando su patrimonio. Si busca realizar mejoras, como construir una piscina en una propiedad adecuada, es razonable que tenga derecho a hacerlo siempre y cuando no se comprometa el entorno natural. La normativa debería encontrar un equilibrio entre la conservación de nuestra isla y la necesidad de atraer inversiones responsables que contribuyan a la mejora del patrimonio arquitectónico y cultural de Menorca.