La defensa legal de la propiedad de la finca de Algaiarens alzó este miércoles la voz para asegurar que no ha llevado a cabo ninguna modificación sustancial del proyecto autorizado y que las supuestas infracciones que le imputa el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico se basan en «meras presunciones» del acta de inspección que no se ajustan a la realidad. Por el momento ha presentado alegaciones contra el expediente abierto, con una propuesta de sanción de 3,5 millones que ve «arbitraria y sin ningún fundamento», y ya avisa que llevará el caso a los tribunales si es necesario.
Admite que ha hecho «reajustes menores» sobre el proyecto inicial, pero niega rotundamente que hayan implicado nuevas construcciones ni ampliaciones de las previstas en el mismo. En ese sentido afirma que las supuestas piscinas ilegales denunciadas en el acta de inspección del ente urbanístico son en verdad balsas de riego autorizadas que han cambiado ligeramente de posición sin aumentar la superficie de agua. Unos cambios que ya vienen recogidos en el proyecto modificado que ha presentado ante el Ayuntamiento de Ciutadella para certificar el final de obra.
La defensa legal de la sociedad propietaria de la finca Rock Solid –del empresario Manel Adell– subraya que el expediente abierto solo afecta al lloc de Algaiarens y no al de Son Felip y acusa al Consorcio de basar sus actuaciones en una inspección prospectiva prohibida por la Ley «con la finalidad de buscar cualquier tipo de infracción por pequeña que sea» sin que tengan que ver con los hechos que motivaron la actuación inspectora, los cambios de posición de las balsas y la instalación de unas placas fotovoltaicas que considera que no requerían autorización previa.
Denuncia que otras actuaciones incluidas en el expediente son «de escasa entidad y perfectamente legalizables», como soleras, pérgolas, la rehabilitación de una era, un aterrazamiento para plantas aromáticas y ajardinamiento de parterres, entre otras. Niegan por completo que se de un uso no permitido a las boyeras rehabilitadas y subrayan que el acta de inspección ve un aparcamiento en lo que aseguran que es «un arreglo del camino de acceso a la casa».
El apunte
La defensa legal de la propiedad denuncia que el expediente es nulo de pleno derecho
El propietario de Algaiarens, el empresario catalán Manel Adell a través de la sociedad Rock Solid, ha presentado alegaciones al expediente abierto por el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico. Uno de los puntos destacados de su defensa legal es que el ente basó su actuación en una «inspección prospectiva con la finalidad de buscar cualquier tipo de supuesta infracción, por pequeña que sea, que nada tiene que ver con la denuncia que motivó la actuación inspectora, la instalación de unas placas solares y el cambio de posición de unas balsas de riego autorizadas». Advierten de que las actuaciones derivadas de una inspección de este tipo «se debe considerar viciada de nulidad de pleno derecho». También aseguran que ya se abrió un primer expediente con una propuesta de sanción inferior, 2,5 millones, y que se dejó sin efectos sin dar posibilidad de defensa a la empresa con «la única intención de buscar más supuestas infracciones».