La próxima etapa de la transición pone en cuestión el ‘boom’ de plantas solares

Como se dice coloquialmente, éramos pocos y parió la abuela. La aparición de promotores de parques eólicos marinos en el escenario de futuro del sistema eléctrico menorquín ha desatado un conflicto de intereses de gran magnitud y pone en cuestión el volumen de parques solares que se han venido autorizando en el primer tramo del proceso de transición menorquina hacia la descarbonización.

Las limitaciones de la infraestructura de transporte de electricidad ya han obligado este año, cuando apenas está en marcha    un tercio de la potencia solar autorizada, a restringir la producción de los parques fotovoltaicos en funcionamiento, que suman una potencia de cerca de 57 megavatios (MW). La instalación de baterías integradas en la red de transporte de electricidad permitirá más que duplicar la capacidad del enlace submarino actual y se prevé que en la próxima planificación energética ya se incorpore como inversión preferente un segundo cable con Mallorca. Estas infraestructuras son críticas para lo que viene, pero puede que no sean suficientes para dejar a todos contentos. No en vano, los grandes proyectos autorizados –algunos ya acabados y en obras– suman una potencia de generación de 110 MW, todos produciendo en las mismas horas del día y generando un previsible atasco que amenazan las previsiones de facturación de los promotores.

Es en ese escenario en el que el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado la nueva regulación para la implantación de parques eólicos marinos y dibujado las dos únicas zonas baleares en las que se permitirá su desarrollo en aguas de Menorca, sin aclarar todavía cuál es su plan para dar salida a la producción eólica. La apuesta por esta tecnología es estratégica no solo para el Ministerio, con visión nacional, sino también para el Consell, por su capacidad de producir en horas nocturnas y en meses de invierno, dando más autonomía al sistema sin necesidad de recurrir a la central térmica. El problema es que los proyectos eólicos, para lograr financiación, necesitan garantías de que podrán evacuar la energía que no se consuma en la Isla y piden prioridad respecto a la solar. El conflicto está servido.