El promotor del proyecto bautizado como Tramuntana Wind, de la empresa WTF Energías Renovables, propone replantear su idea inicial y trasladar los molinos flotantes a la llamada LEBA 3, la zona más alejada de la costa de las dos autorizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica en el entorno de Menorca. El cambio de planteamiento supondría reducir drásticamente el impacto visual de la futura instalación, que pasa de dibujarse a menos de cinco kilómetros de la costa del parque natural de S’Albufera des Grau a localizarse a más de diez kilómetros y a la altura de la bocana del puerto de Maó.
La nueva propuesta de Tramuntana Wind, que ya ha sido trasladada al departamento de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del Consell insular, supone un golpe de efecto en la lucha que ha arrancado entre Tramuntana Wind y el otro proyecto en liza, el denominado Gregal, de la promotora Qair, habida cuenta que las limitaciones de evacuación hacen imposible que salgan adelante los dos proyectos. Preguntada por la posibilidad de cambiar su propuesta inicial para migrarla a la LEBA 3, la multinacional francesa asegura que ha realizado estudios de viabilidad y que esa opción se ha descartado.
En cambio, la promotora madrileña WTF Energías Renovables, tras asesorarse con la consultora ILF Consulting Engineers, sí que ve viabilidad al traslado de los aerogeneradores a esta zona más adentrada en alta mar. La nueva ubicación lógicamente supondría un encarecimiento de los costes de construcción, que el promotor asume, pero tiene algunos condicionantes que interpelan en primera instancia al Ministerio para la Transición Ecológica, pero también a Red Eléctrica en su vertiente de operador del sistema.
En primer lugar hay que tener en cuenta la profundidad existente en el perímetro de la LEBA 3 delimitada en el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo, que va aumentando a medida que se aleja de la costa y encareciendo los costes de anclaje de los molinos flotantes hasta niveles críticos que pueden hacerlo inviable económicamente.
En ese sentido, el promotor reclama un poco de cintura al Ministerio para que sea flexible y permita un mayor aprovechamiento de la zona más cercana a la costa, que se estrecha (véase la imagen adjunta) hasta dejar poco margen a la instalación de los alrededor de diez molinos que plantea. La medida podría tener cabida en las órdenes ministeriales pendientes para el desarrollo de la nueva regulación de la eólica marina, que deben fijar las condiciones del proceso de concurrencia competitiva que se abrirá en un futuro para la autorización de parques. Aquí cobra importancia el papel del Consell insular porque, aunque se trata de aguas del Estado, el Ministerio ya ha avanzado su intención de escuchar a la administración local en cuestiones como la aceptación social de los impactos visuales.
Evacuación
En segundo lugar, como ya explicó este diario, la financiación de una instalación de estas características, pensada con una potencia de en torno a los 200 megavatios (MW), depende de que existan ciertas garantías de exportación de la energía. El promotor reclama que en el futuro, cuando se espera que ya haya un doble enlace submarino con Mallorca, se prime la evacuación de la energía eólica por encima de la solar, por ejemplo dándole un trato especial (como recibe ahora la central térmica), en el llamado mercado de ajustes.
Generico
El Ministerio promete dar voz al Consell en la valoración social de los proyectos
El Ministerio para la Transición Ecológica se compromete a tener muy en cuenta la postura del Consell insular en el futuro proceso de valoración de los proyectos de energía eólica marina que opten a instalarse en algunas de las zonas aptas delimitadas cerca de la costa de Menorca. Es lo que afirmó Joan Groizard, director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en su visita a la Isla para participar en el Consell Social de la Agencia Reserva de Biosfera celebrado esta semana para escuchar las propuestas de los dos promotores que hasta el momento se han interesado. Groizard aseguró que acudía a la cita no como director del IDAE, entidad pública dependiente del Gobierno, sino en representación del Ministerio para la Transición Ecológica. En el proceso de concurrencia competitiva que se abrirá a medio plazo, el Gobierno puntuará tanto las ofertas económicas, con un peso del 70 por ciento, como las sociales, de repercusión en los territorios cercanos, con un 30 por ciento. Es en esa parte de valoración social en la que pretende hacer caso de lo que le diga el Consell, con el permiso del Govern, competente en materia energética.