El notable incremento del capítulo de inversiones que han presentado ayuntamientos y Consell para el año que está a punto de comenzar eleva a más de 125 millones de euros la cifra disponible para obra pública en el próximo ejercicio, incorporando los 47 que destina el Govern balear a la Isla.
Es el fruto del trabajo realizado por las distintas corporaciones para enfrentar mejoras en sus respectivos ámbitos sin gravar sus propias economías, aunque en muchos casos contemplan obras pendientes de uno o varios años atrás y otras ya iniciadas.
Entre la llegada de los fondos europeos y las partidas del Impuesto del Turismo Sostenible, más los ingresos propios, en muchos casos favorecidos por la subida de impuestos, ha caído una lluvia de dinero para partidas finalistas pero la duda está en la capacidad de las empresas constructoras insulares para poder acudir a las numerosas licitaciones que se prevén, y ejecutarlas en los plazos establecidos.
Fechas impuestas
Aunque desde la patronal estiman que hay empresas suficientes para hacerlo, los alcaldes y el propio presidente del Consell observan el problema que se les puede venir encima si no se arbitran soluciones para evitar que las licitaciones y la ejecución se solapen. Muchas de estas obras, con fondos europeos, tienen que estar listas o en ejecución durante determinadas fechas para que las ayudas no se pierdan, de ahí el quebradero de cabeza que se presenta, especialmente, para los ayuntamientos más pequeños.
«Tenemos mucho dinero, cierto, y hay que aprovecharlo, también están bastante el día las licitaciones, pero no sé si habrá suficientes empresas para ejecutar las obras», señalaba Pedro Pons, alcalde de Ferreries en el último pleno. El reto, añadía «es que no queden desiertas». Lluís Camps, alcalde de Es Castell, con más de 11 millones presupuestados para obras, es de opinión similar y pone sobre la mesa el temor de perder el enorme trabajo realizado para conseguir la financiación externa, «porque si quedan desiertas, quiere decir que hay que repetir el proceso, y, claro está, tener que subir el presupuesto», apunta.
El presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, ya ha propuesto a los alcaldes una reunión con la patronal de los constructores para poder marcar unas pautas, cuanto menos una calendarización con la que llegar a acuerdos para evitar que coincidan demasiadas licitaciones a la vez.
Pedro Pons, de Ferreries, teme que los ayuntamientos más pequeños puedan ser los más perjudicados, ya que las obras mayores son más atractivas para las empresas. «Hay que poner sobre la mesa todo lo que tenemos todos y tratar que fuera posible un compromiso de la patronal para que intenten optar a la mayoría de las obras que van a salir».
Es gall FaverPuede presentarse cualquiera a la obra pública. El problema es que no todos pueden poner los avales necesarios, en primer lugar, y mas importante, no todos pueden aguantar meses y meses adelantando cientos de miles de euros, incluso millones de euros, sin cobrar un duro, esperando que la administración se decida a pagar las facturas. A una empresa pequeña, si le pagas a 6 meses y tiene que adelantar cientos de miles de euros, la mandas a la quiebra. Si la obra pública se pagara el mismo mes en que se emite la factura, otro gallo cantaria. Pero yo he llegado a estar 10 meses en conrar una factura