Los inquilinos de Menorca se enfrentan a subidas del 50 % del alquiler con la finalización de sus contratos

El final del periodo de vigencia de contrato de alquiler se ha convertido en una de las peores pesadillas para los menorquines que viven de arriendo, un truco o trato espeluznante del que depende su supervivencia económica. En el otro lado de la moneda, también resulta para los propietarios una oportunidad de aprovechar la inflación del mercado después de años en que se han impuesto unas actualizaciones anuales alejadas de la subida del precio de la vida. Un nuevo contrato puede suponerles un incremento de alrededor del 50 por ciento en sus ingresos de renta, ese es el porcentaje en el que han subido los alquileres de mercado en este tiempo.

Los contratos firmados al abrigo de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de marzo de 2019 fijaban una duración mínima de cinco años   –siete en el caso de las casas propiedad de grandes tenedores–. Esos acuerdos se van extinguiendo en un goteo que vuelve a dejar a los inquilinos al albur de un mercado con precios desbocados. Según el portal Idealista, a finales del año 2019 el precio medio del alquiler era en Maó de 7,3 euros el metro cuadrado (511 euros por un piso de 70 metros), ahora ese precio se ha elevado hasta los casi 800 euros, un aumento cercano al 55 por ciento que, a la vista de la escasa oferta de los principales portales inmobiliarios, se antoja optimista.

Lo mismo ocurre en Ciutadella, donde el año 2019 se cerraba con  un precio por metro cuadrado de 9,1 euros (637 euros en el caso genérico antes citado). Ahora esa misma vivienda tipo está en el mercado a más de 900 euros), un incremento de casi un 42 por ciento al que se tendrán que enfrentar aquellos inquilinos que no logren cerrar un trato beneficioso con unos propietarios a los que las medidas contra la inflación derivada de la invasión de Ucrania han impedido ir equiparando poco a poco el precio de los alquileres con acuerdo contractual en vigor.

Desde abril del año 2022 y en 2023, con una inflación desbocada que llegó a superar el diez por ciento, solo podían aplicar subidas del dos por ciento. En 2024 se elevó un poco el listón hasta el tres por ciento, pero a partir de este año la gran mayoría de los contratos vigentes podrán volver a actualizarse anualmente conforme al Índice de Precios del Consumo (IPC). Solo seguirán sujetos al control estatal aquellos contratos firmados a partir del mes de mayo de 2023, cuando se aprobó la nueva Ley de Vivienda, que introduce el nuevo índice del INE. Se marcará mes a mes y en el primero de referencia se ha establecido en el 2,2 por ciento, ligeramente por debajo del IPC.

Las actualizaciones anuales de los nuevos contratos sí tendrán que ir asociados a ese índice estatal. Ese es un factor que, si bien va dirigido a proteger a los inquilinos del mercado, según explican desde el sector inmobiliario puede terminar teniendo un efecto pernicioso, incentivando a los dueños a aprovechar las ventanas de oportunidad del cambio de contrato para poner precios más elevados que compensen tanto los frenos de los últimos años, como los que marcarán las actualizaciones en los venideros. Mientras tanto, el Govern prefiere no aplicar la Ley de Vivienda para limitar los precios.