La nueva Ley de Vivienda aprobada a finales de mayo de 2023 introduce la posibilidad de que las Comunidades Autónomas declaren zonas tensionadas en las que la intervención del Estado determine el precio de referencia del alquiler. Menorca, como el resto de Balears, cumple con creces los dos requisitos simultáneos exigidos: que el coste del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30 por ciento de la renta media de los hogares y que los precios del mercado del alquiler hayan aumentado cinco puntos por encima del IPC en los cincos años anteriores. Sin embargo, el Govern ya ha advertido en diversas ocasiones que no tiene intención de declarar ninguna zona tensionada en las Islas.
El tope a los precios en esas regiones, ciudades o incluso barrios que se declaren tensionados permitiría en algunos casos bajar a más de la mitad los alquileres que se están pagando en la actualidad. Tomando como referencia un piso de Maó de 70 metros con dos habitaciones y una terraza de uso privativo, que en estos momentos no se puede alquilar por menos de 900 euros, el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda establece un máximo de 480 euros mensuales. Ese es el precio al que estarían sujetos con esta legislación los arrendamientos de los grandes tenedores. En el caso de los pequeños propietarios en zonas tensionadas estarían exentos de este límite, aunque no podrían superar la renta del último alquiler vigente en los cinco años anteriores, actualizada según el mecanismo establecido en el contrato.
Temores
La medida es en apariencia muy beneficiosa para los inquilinos, pero desde el sector inmobiliario llevan tiempo advirtiendo de los efectos perniciosos que podría terminar teniendo para el problema de acceso a la vivienda de alquiler. El temor, al que alude el Govern para no declarar zonas tensionadas en Balears, es que suponga un golpe a la ya de por sí escasa oferta. El panorama que se dibuja es el de un mercado en el que no haya propietarios que estén dispuestos a poner su vivienda en alquiler a estos precios o que busquen subterfugios como los falsos alquileres de temporada para esquivar la limitación de precios. La alternativa del Ejecutivo balear es el llamado Lloguer Segur, también muy criticado por el sector, que en Menorca trata de incentivar a los propietarios garantizándoles el cobro durante 7 años a un precio máximo de 1.050 euros al mes.
Si la administración se mete hasta en el precio del alquiler de propiedades privadas que sus propietarios han comprado y pagado con su trabajo. Significará que van a desaparecer la mitad de los pisos. Lo explico. Quien se va a comprar un segundo piso, con lo que cuesta pagarlo, para ponerlo en alquiler (con sus riesgos de impago y destrozo) si además el Gobierno te impone el precio máximo que puedes pedir. Pero la vida (comida, energía, impuestos, intereses, etc.) sigue al alza sin control. Hagan números y ya me dirán quien es el guapo o guapa que se compra un piso y lo pone en alquiler con este panorama. Lo que hay que topar es la llegada sin control de nuevos residentes. Y en todo caso hay que dejar y facilitar que se construyan algunos bloques de pisos nuevos. Pero lo de no construir y llegada sin control de nuevos residentes va a reventar. Es insostenible, por muchas vueltas que se le de al problema. Y menos mal, que todavía queda el turismo como fuente de ingresos. Porque el día que el turismo nos abandone. Habrá una revolución, no habrá trabajo, ni ingresos, por mucho que algunos quieran diversificar la oferta de empleo. O eres funcionario, pensionista, desempleado o trabajas directamente o indirectamente para el turismo. No hay otra. Hacer un listado de los empleos mayoritarios que hay en Baleares. Ya veréis ya, la sorpresa.!!!!