El Ayuntamiento de Maó ha solicitado ofertas para la realización de una auditoría informática para esclarecer qué pasó con el informe de Hidrobal en el que se advertía del exceso de nitratos del agua que salía de la desnitrificadora de Malbúger, y que el equipo de gobierno del PSOE tardó un mes en abrir. Todo ello dio inicio a la crisis del agua de Maó, el pasado mes de septiembre, que comportó la dimisión de la concejal de Urbanismo, Dolores Antonio.
La realización de esta auditoría es una petición de Ara Maó, que se ha convertido en una de las exigencias de los antiguos socios de gobierno de los socialistas en el marco de la negociación para la aprobación del presupuesto municipal, que el alcalde Héctor Pons tuvo que retirar durante el último pleno ante la falta de apoyos para sacar adelante las cuentas. «Esta auditoría era una exigencia previa a la votación del presupuesto, pero que durante el debate del pleno reiteramos como condición sine qua non», señala Jordi Tutzó, portavoz de la agrupación de electores.
En su momento, desde Ara Maó se pidió una auditoría informática para saber cuándo se había abierto exactamente el informe de Hidrobal, y ahora insisten en que la investigación debe permitir dilucidar de manera detallada qué pasó con el informe, con el objetivo de poner en marcha nuevos protocolos de actuación que impidan que se vuelva a dar una situación similar.
Auditoría exhaustiva
En la solicitud de ofertas para la realización de la auditoría, el Ayuntamiento especifica que la investigación deberá detallar todas las personas que accedieron al expediente (usuario, fecha y hora). También tendrá que recopilar el historial de cambios e indicar si algún usuario con privilegios especiales accedió al expediente o lo modificó. En este sentido, se solicita el detalle de los permisos y roles asignados a los diferentes usuarios que han participado en la tramitación del expediente.
Asimismo, la auditoría deberá reunir toda la información relativa a los metadatos del expediente, como la fecha de creación o las modificaciones, y ofrecer un registro de todos los correos electrónicos y de las notificaciones relacionadas con el informe. Además, se pide una lista completa de los movimientos entre departamentos y la identificación de posibles accesos desde ubicaciones no autorizadas o fuera del horario habitual.
Por último, se pide información sobre las copias de seguridad y, en el caso de que existan, que se comparen las diferentes versiones del expediente.
El presupuesto para la realización de la auditoría es de 5.000 euros y las empresas interesadas tienen hasta el 13 de enero para presentar sus ofertas.
Ya salen los de Ara Maó como los defensores del ciudadano. No será que quieren tapar su inaptitud a la hora de encargar la desnitrificadora? no nos olvidemos que fue cuando ellos gobernaban y JUSTO antes de elecciones (casualidad), que se encargó la construcción de dicha desnitrificadora....