El incumplimiento de los objetivos comunitarios en materia de reciclaje puede acabar saliendo muy caro a los ayuntamientos de la Isla y de rebote a todos sus vecinos. La Comisión Europea ha abierto expediente de infracción al Gobierno de España –y al de todos los estados miembros– por no haber alcanzado hitos vinculantes de la Directiva Marco de Residuos, como la obligación para 2020 de que al menos el 50 por ciento de los residuos municipales se recojan separadamente. Las sanciones que se deriven se distribuirán entre Comunidades Autónomas y finalmente llegarán a las administraciones locales, que tendrán que afrontar –y repercutir de algún modo en la ciudadanía– sanciones reiteradas hasta que logren cumplir con los objetivos.
El Gobierno ha respondido a la carta de emplazamiento remitida por la Comisión Europea pidiendo disculpas y haciendo propuestas de enmienda, aunque sin apenas esperanzas de que Europa vaya a ser clemente. Por ello, el Ejecutivo español «ya ha hecho una propuesta de reparto de la sanción entre las Comunidades Autónomas, aunque no está validada», explica Diego Víu, director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático del Govern, quien aclara el funcionamiento de este tipo de procedimientos sancionadores, que crecen como una bola de nieve.
En primer lugar llegará una multa a tanto alzado por el incumplimiento nacional del año 2020. «Después esa cantidad se repartirá por Comunidades Autónomas en función del porcentaje de incumplimiento». La sanción se irá derivando hacia las administraciones competentes en materia de recogida de residuos, los ayuntamientos. El proceso se repetirá en oleadas semestrales, con multas coercitivas de alrededor del 90 por ciento del importe inicial que se tendrán que pagar hasta que no se alcancen los objetivos de separación en origen de los residuos municipales. Por el momento desde el Govern prefieren no concretar cifras al entender que no hay todavía una sanción firme sobre la mesa, aunque asume que es más que probable que acabe llegando.
Sirva como aproximación al impacto que puede tener la sanción el ejemplo de Asturias, donde la subdirectora general de Residuos del Ministerio para la Transición Ecológica, Margarita Ruiz Saiz-Aja, estimaba para esa comunidad hace unos meses una sanción inicial de 1,5 millones y de otros 1,4 millones cada seis meses hasta que se cumplan los objetivos. En ese caso, recogido por la prensa local, la subdirectora general estimaba que, atendiendo a la evolución del nivel de separación, la multa global podría llegar a elevarse hasta los 25 millones de euros antes de que se llegue a ese 50 por ciento.
Fuentes del Consorci de Residus i Energia de Menorca explican que los municipios que ya cumplen con ese objetivo mínimo del 50 por ciento de separación –por el momento solo el de Es Castell– pagarán el reparto del primer importe, pero ya no tendrán que seguir afrontando las onerosas multas coercitivas. En ese caso la cuantía que le corresponda a Menorca tendrá que repartirse entre los otros ayuntamientos hasta que todo el territorio cumpla con esos objetivos marcados.
Señores del diario Menorca ya que dan la noticia podian enseñar el expediente o, es otra trola como que la UE decia que tenemos que usar los famosos cubos, para asi encasquetarnos otro impuesto, se ve quevaun no tienen bastante.