Este mes de febrero se cumplen tres años de la moratoria que, bajo el Govern de Francina Armengol, dictó la prohibición de conceder nuevas licencias turísticas en Menorca. Los gobiernos del PP que surgieron de las urnas en 2023 no han cambiado este rumbo y la asociación de empresas de viviendas turísticas de la Isla ha alzado la voz este viernes para reclamar que se levante ya esta prohibición.
En un comunicado que puede leerse en la web de PIME Menorca, esta patronal sostiene que la moratoria «lleva lastrando las posibilidades económicas de la Isla» durante tres años – el plazo máximo para levantarla es de cuatro – y recuerda que el PP prometió en campaña electoral «que se levantaría cuanto antes». Desde que accedió al gobierno, no obstante, supeditó su suspensión a la aprobación de un techo de plazas turísticas que, en el caso de Menorca, sigue pendiente de establecer.
Los empresarios recuerdan que en Menorca existen «viviendas con posibilidad de conseguir licencias de alquiler turístico» y que prolongar la moratoria «afecta directamente a los intereses de los menorquines» y contribuye a la proliferación del alquiler ilegal «dado el atractivo y la demanda que hay actualmente».
El problema de la vivienda
Niegan, además, que esta actividad esté detrás de los problemas del mercado inmobiliario para los residentes: «El problema del acceso a la vivienda no depende de las viviendas turísticas que no están en los núcleos residenciales», señalan, «quizás deberíamos reflexionar cuántas plazas se han construido en los últimos años con relación a cuánto ha crecido la población para entender que, quizás, hacen falta más pisos y que se faciliten los trámites, siempre dentro del marco legal, para no ahuyentar a los inversores».
La asociación señala directamente al gobierno de Adolfo Vilafranca: «Desde el Govern nos han dejado claro que el levantamiento [de la moratoria] es viable y que depende, exclusivamente, de la voluntad del actual Consell». Su conclusión es que la prohibición de conceder nuevas licencias «lleva demasiado tiempo en vigencia».
Esta versión contradice lo expuesto por el presidente en una entrevista concedida a ‘Es Diari’, cuando señalaba que la moratoria se levantaría con una ley de ámbito autonómico. El techo de plazas, por su parte, se incorporará a la revisión del Plan Territorial Insular cuya aprobación inicial se anuncia para este año tras sufrir varios retrasos en lo que va de mandato.
«Poner trabas a iniciativas empresariales más por falta de fluidez burocrática que por el propio marco legal es una forma de ahuyentar la economía, de apostar por la dejadez y de que los menorquines sean los más perjudicados», concluye la patronal de viviendas turísticas en su comunicado.
CarrickfergusEl análisis es bueno pero pienso que la conclusión absolutista es debatible. Ni tanto ni tan poco. Una cosa son los que compran una casa para su uso (esos que pagan el IBI/basuras anual, no consumen educación/sanidad, hacen gasto en reformas, compran muebles y cachivaches, van a los supermercados/tiendas y llenan restaurantes, etc ..) para venir un mes y algunos fines de semana y eventualmente dejan la casa a un conocido o familiar, y la otra son los turistas "low-cost" que vienen 7 dias y van deambulando de un lado para otro, llenando parkings de playas, que a lo sumo se sientan en un restaurante una vez al día (compartiendo una pizza) y que en el mejor de los casos compran un souvenir en un mercadillo y una ensaimada el marcharse. Ls primeros, sean bienvenidos, que compren casas en Son Parc o donde sea.. Los segundos, son los que "inutilizan" las posibles viviendas residenciales y solo benefician a las agencias de alquiler turístico.