Organizaciones ecologistas de ámbito estatal y autonómico, entre ellas el GOB Menorca junto a organizaciones de Mallorca, Eivissa, Costa Brava y Mar Menor, han solicitado al Gobierno central actualizar urgentemente las normativas que regulan la navegación marítima para mejorar la seguridad en la costa y proteger los ecosistemas marinos.
Estas entidades han presentado un documento conjunto con propuestas agrupadas en cinco puntos para modificar el Reglamento General de Costas y otras normas reguladoras del tráfico marítimo, con el fin de reducir riesgos para las personas, proteger la biodiversidad marina y mejorar la gestión medioambiental del litoral.
Entre las medidas propuestas, se destaca la reducción de la velocidad máxima permitida a las embarcaciones a motor, limitándola a 5 nudos en los primeros 300 metros desde la costa, con el objetivo de minimizar el riesgo de accidentes, proteger la fauna marina del impacto acústico y disminuir la contaminación atmosférica y acústica en las playas.
Asimismo, las entidades plantean prohibir el fondeo de embarcaciones a menos de 50 metros de las playas y a menos de 20 metros en zonas no balizadas para evitar riesgos a los bañistas y daños a los ecosistemas, especialmente en áreas altamente masificadas durante los meses estivales.
Además, reclaman mecanismos efectivos de vigilancia y control que garanticen el cumplimiento estricto de estas medidas en el dominio público marítimo-terrestre, así como la obligatoriedad del uso de cartografía oficial de hábitats protegidos, especialmente de especies marinas sensibles como las fanerógamas marinas, para minimizar los daños provocados por la navegación recreativa.
Por otro lado, exigen la supresión de la excepción del Real Decreto 875/2014 que permite gobernar sin titulación embarcaciones de motor de hasta 5 metros de eslora y 15 CV de potencia. Estas asociaciones consideran que esta excepción ha incrementado los accidentes y pone en peligro tanto a usuarios como al medio marino.
Finalmente, las entidades firmantes han subrayado la necesidad urgente de actualizar la legislación estatal para adaptarla a la realidad actual y frenar la creciente presión sobre las costas españolas, garantizando al mismo tiempo el disfrute seguro y respetuoso del mar y la protección del patrimonio natural y cultural de las zonas costeras.
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