El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella ha incurrido en fraccionamiento de contrato a la hora de encargar las tareas relacionadas con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Así lo constatan tanto un informe de Intervención como la Secretaría del Consistorio, que advirtieron a los responsables municipales de la situación en el momento de la aprobación del último encargo, pese a lo cual este ha seguido adelante, según admitió en el pleno del lunes de forma muy lacónica el edil responsable de Movilidad, Pepe Capella.
La situación irregular se puso de manifiesto a instancias de una serie de preguntas sobre la cuestión formuladas por la concejal del Partido Popular, Raquel Pericás, quien se encargó de constatar la existencia de este fraccionamiento de contrato, sin ahondar en más críticas. Cuando en la Junta de Gobierno Local del día 26 de febrero se aprobó el contrato con la empresa Doymo, ya existía un informe de Intervención del día anterior que claramente indicaba que de este modo se estaba produciendo un fraccionamiento del contrato, con la intención bien de reducir el coste de las tareas bien de eludir los procedimientos establecidos, con publicidad y libre concurrencia, para cuantías mayores.
En 2021 y 2022
Esto es así porque en los años 2021 y 2022 Doymo ya había recibido dos encargos del Ayuntamiento de Ciutadella relacionados con la redacción del PMUS, por importes de 18.125 y 14.701 euros. Cuando se planteó la opción de un tercer contrato para analizar y resolver las alegaciones presentadas al PMUS, Intervención ya advirtió, a finales de enero, de la existencia de estos dos contratos previos.
Pese a ello, la resolución de día 21 de febrero se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local del día 26. Ese mismo día, Secretaría emite una diligencia en que señala que se está incurriendo en un «claro fraccionamiento del contrato», al ejecutarse con encargos independientes tareas que estaban incluidas previamente en el proceso de elaboración del PMUS.
A las preguntas de Raquel Pericás sobre el conocimiento que el equipo de gobierno tenía de estas cuestiones, Pepe Capella respondió con monosílabos o frases extremadamente escuetas. Aseguró que no era sabedor de la existencia de la irregularidad cuando el contrato fue aprobado por Junta de Gobierno y que tuvo conocimiento de las mismas a través del documento elaborado por Secretaría, dos momentos que en teoría son muy próximos en el tiempo.
Capella también confirmó que durante el mes de marzo se ha seguido adelante con los trámites con la empresa Doymo para llevar a cabo las tareas que ahora se le asignan, que son las relativas a la resolución de las alegaciones presentadas en otoño. El importe de este último contrato asciende a 10.105 euros.
Menos mal que estos venian a gobernar para el pueblo. Al final la moción de censura para que fue??? Claro, por la silla!! Y para hacer lo me de la gana. Felicidades al PP por destaparlo! Pero ojo, que al final será culpa del PP.