El Govern permitirá que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, como Maó y Ciutadella, reclasifiquen suelo rústico en las Áreas de Transición (AT) y lo destinen a la construcción de viviendas siempre que lo apruebe el pleno municipal. Es una de las exigencias de Vox para dar su apoyo al decreto que este próximo martes se vota en el Parlament y que permite el desarrollo de 20.000 viviendas en Palma.
A petición de Vox las disposiciones de este decreto, que pueden desbloquear suelo urbano y urbanizable retenido desde hace años, también se extenderá a los municipios de más de 10.000 habitantes, en este caso también entraría Alaior. El Govern no ha hecho aún estimación de cuántas viviendas se ganarán con estas modificaciones.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha presentado este lunes el acuerdo acompañado por la portavoz de Vox en el Parlament, Manuel Cañadas. «Vox ha convertido un parche en una solución real», ha dicho Cañadas. Ha asegurado que era un «decreto incompleto» que ahora será una herramienta «útil» que hasta ahora era insuficiente para las otras islas. «Hemos conseguido lo que se negaron a hacer durante años», ha dicho en referencia a la transformación de suelo rústico.
El conseller ha defendido esta reclasificación de suelo rústico, que supone un cambio esencial en la política de desclasificaciones de los últimos años. Ha asegurado que la norma que se aprueba está «inspirada» en una ley aprobada en la época de Francesc Antich, la llamada 'ley Carbonero', que también incluye la incorporación de estos suelos de transición. «Esta ley ha sido nuestro punto de partida», ha dicho el conseller. Esta posibilidad no estaba en el texto original del decreto «pero negociar significa renunciar», según Mateo. «La 'ley Carbonero' nos parece una muy buena ley desde el punto de vista conceptual. Era una buena iniciativa, pero el procedimiento es más farragoso», ha dicho el conseller.
Estas modificaciones se introducirán a través de enmiendas en la tramitación parlamentaria del decreto. También habrá medidas contra la okupación, como limitaciones para acceder a ayudas públicas o vivienda pública las personas condenadas por un delito vinculado a la okupación. En las enmiendas se determinará el alcance temporal de esta medida y el plazo que quedarán exentos de las ayudas. También se establecen compensaciones para quienes hayan tenido que afrontar gastos como consecuencia de la okupación de sus viviendas. «No podemos normalizar la delincuencia», ha dicho Cañadas. Según los datos del Ministerio, el año pasado se produjeron unas 400 okupaciones.
«Hace 21 años que no se construye en Baleares», ha dicho el conseller, que ha recordado que las Áreas de Transición ya existen en el planeamiento y están delimitadas para que los municipios crezcan por esta zona. El conseller ha calificado de «demagógicas» las acusaciones de la oposición, que ha bautizado esta norma como «el decreto pelotazo». «Lo que debería esta haciendo la izquierda es votar a favor de estas medidas», ha dicho. Mateo ha defendido la figura de las viviendas a precio limitado, que son las que promueve el decreto, porque, aunque sean un 30 % más caras que las VPO, quedan muy por debajo de precio de mercado. «Los promotores también tienen que tener un beneficio», ha dicho.
Ya era hora.