El portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha calificado este miércoles el decreto ley 3/2025 como «una operación especulativa disfrazada de solución al problema de la vivienda».
Para el diputado, el decreto «prevalece por encima de cualquier norma urbanística, planeamiento municipal o ley anterior, desdibujando los límites del marco legal establecido».
«El planeamiento es la racionalidad aplicada a la urbanización y ahora PP y Vox lo pisotean», ha lamentado, agregando que permiten edificar «sin garantizar recursos básicos como el agua o las infraestructuras». A su parecer, «es una política irresponsable e inflacionista».
Més per Menorca ha advertido que «con la etiqueta de vivienda de precio limitado (VPL), el decreto elimina en la práctica la vivienda de protección oficial (VPO)». El coordinador menorquinista ha señalado que la supuesta vivienda de precio limitado tiene precios más altos que los del mercado libre.
«Dicen que el 50 por ciento de las viviendas serán de precio limitado, pero en realidad es una maniobra para eliminar la vivienda protegida», ha señalado, a la vez que ha preguntado «¿Qué promotor querrá construir vivienda pública protegida si puede hacer vivienda de precio limitado, es decir, a precios desorbitados?».
Desde Més per Menorca también han denunciado el incremento de edificabilidad del 45 por ciento y la reducción de las garantías ambientales y de cesión de espacios públicos.
En este punto, han considerado que «este decreto permite recalificaciones a medida de los intereses privados y destruye territorio sin ofrecer ninguna solución real para las familias trabajadoras».
«Es una transferencia de 600 millones de euros de quienes no tienen vivienda a los promotores. Son pisos de más de 500.000 euros, con cuotas mensuales inasumibles. Esto no es política de vivienda, es pura especulación», ha afirmado Castells.
Para el menorquinista, el decreto «es inconstitucional, al establecer el silencio positivo como vía para obtener licencias de edificación, lo cual atenta contra las garantías legales y la capacidad de los ayuntamientos para hacer una planificación adecuada y responsable».
«No se puede conceder permiso por silencio administrativo. Esto es inconstitucional y estudiaremos su impugnación», ha afirmado. Además, ha criticado que se trata del «enésimo intento de gobernar por la puerta de atrás, ignorando el criterio técnico y la participación ciudadana».
Més per Menorca ha remarcado que este decreto, impulsado por el Govern con el apoyo de Vox, «es la continuación de la política urbanística destructiva del pasado y una agresión directa a la capacidad de los municipios para decidir cómo quieren crecer, poniendo en peligro el modelo territorial y la cohesión social de Baleares».
8 años tocandose las pelotas .... Ahora no les gustan las soluciones que aportan otros.... en vez de olgazanear 8 años haberlo solucionado.