Los ayuntamientos de Maó y Ciutadella se oponen abiertamente a la futura ley autonómica que amenaza con reclasificar de golpe el suelo rústico que rodea el núcleo urbano y desarrollarlo, pasando por encima de cualquier planificación urbanística, para que se construyan con mayor agilidad viviendas a precio tasado y de mercado.
«La situación de Maó no tiene nada que ver con la de Palma», proclama el alcalde Héctor Pons, para justificar su rechazo a la medida que PP y VOX han pactado para la capital balear y que pretenden extender también a los municipios de más de 20.000 habitantes.
A instancias del PSOE, los gobiernos municipales de Maó y Ciutadella aprobaron la semana pasada sendos acuerdos de pleno en los que se pide al Govern que «deje sin efecto» el decreto, que «prioriza a los promotores y atenta contra la autonomía municipal con una política totalmente contraria a defender el derecho a la vivienda».
Aunque la mitad de las promociones deban ser a precio limitado, ambos ayuntamientos tienen claro que será «abusivo» para las clases medias y que se hará «un uso regresivo de la función social del suelo». Pisos de 80 metros cuadrados por 350.000 euros, entradas de 120.000 euros o hipotecas de 2.000 euros al mes, aseguran, que se levantarían en unos pocos meses en las áreas de transición en torno a las ciudades.
En el caso de Ciutadella, la aplicación del decreto supondría desarrollar urbanísticamente todo el cinturón situado más allá del entorno de las rondas norte y sur, desde el barrio de Sa Coma al polígono industrial y a Cala en Busquets.
En Maó el crecimiento sería más disperso, pero permitiría urbanizar el margen exterior de la Vía de Ronda, desde la calle José Anselmo Clavé hasta el colegio Mare de Déu del Carme, el sur de Malbúger hasta el hospital Mateu Orfila, el entorno de la carretera del aeropuerto y el de Sant Climent, que más que triplicaría su superficie urbanizada.
Mociones preventivas
De momento, ambos gobiernos municipales han optado por presentar y aprobar sendas mociones «preventivas» para disuadir al Govern Prohens de extender la aplicación del decreto, aunque confían en el trabajo parlamentario y en el posterior ejercicio de la competencia municipal para que los devaneos políticos del momento no alteren su planificación.
«Nosotros también queremos solventar el problema de la vivienda y hacer que la población crezca, pero no reclasificando rústico a toda costa», se queja Héctor Pons. El alcalde pide que sea el ayuntamiento el que siga definiendo su propio modelo de ciudad.
Según el estudio de capacidad de carga encargado por el Consell insular, las áreas de transición de los núcleos tradicionales de Maó y Ciutadella tienen capacidad para asumir un futuro crecimiento residencial de 4.156 y 2.324 plazas, respectivamente. Se trata, no obstante, de suelo todavía rústico al que los dos ayuntamientos no pretenden recurrir sin haber agotado antes todos los sectores urbanizables previstos. Las áreas de transición que se dibujan a continuación en sus planeamientos son solo un segundo cinturón que anticipa el futuro crecimiento urbano a largo plazo.
RamonLa intenció és que un augment de l'oferta dugui a una baixada de preus. Però si es deixa en mans del mercat lliure, ho comprarà tot la gent de fora, i no solucionarem res. Es faci el que es faci, ha d'anar acompanyat de polítiques d'habitatge decents.