Los usuarios de los amarres de gestión directa del Moll de Ponent, en el puerto de Maó, situados frente a la lonja de pescadores, temen no poder hacer frente a la subida de las cuotas con la próxima privatización de la gestión de los pantalanes 2 y 3, que Autoridad Portuaria de Balears (APB) sacó a concurso a finales del año pasado. Son un total de 57 puntos de amarre los que salen a concesión y que son utilizados por los barcos de menor eslora.
La Asociación de Usuarios de Amarre de Gestión Directa del Puerto de Maó Es Jonquet, que está presente en el Consejo de Navegación y Puerto, critica no haber sido consultada ni informada por Autoridad Portuaria, sino que el organismo ha actuado por la vía de los «hechos consumados». Las tarifas de referencia contempladas en el expediente de concesión administrativa duplican la tarifa actual.
La decisión de APB ha generado preocupación entre los afectados debido a, aseguran estos, «la falta de transparencia y la incertidumbre sobre su futuro». Además de la posible subida de precios, les inquieta «la inseguridad» en la continuidad del nuevo concesionario, lo que les aboca a un futuro incierto, afirma la asociación que preside Antoni Barber.
A diferencia de los amarres de gestión directa, cuyos derechos no tienen fecha de caducidad e incluso, en determinadas condiciones, pueden ser heredados, los gestionados por concesión tienen fecha de caducidad, en este caso un máximo de 20 años.
La entidad que representa a este colectivo cree que la decisión tomada por el Consejo de Administración de APB abre la puerta a nuevas privatizaciones de la gestión de amarres, cuyo fin será la «liquidación total e irreversible de la gestión pública» de los puntos de atraque en el puerto de Maó.
La nueva licitación comprende 17.578 metros cuadrados de espejo de agua, incluyendo los pantalanes 2 y 3, con capacidad para cerca de 60 embarcaciones, hasta ahora bajo la gestión directa del ente portuario.
Hasta aquíCultura? Eso dices..jaja, solo que mires los negativos que tienes, lo dice todo.