El gobierno del PP en el Consell de Menorca promueve un acuerdo para solicitar al Gobierno de España que nutra de recursos económicos y técnicos a los ayuntamientos de la Isla para que puedan cumplir «con garantías y de forma realista» las obligaciones derivadas de la Ley de Bienestar Animal.
El PP remarca que la ley, pese a sus beneficios, ha traspasado a las entidades locales una serie de competencias sin acompañarlas de la debida financiación y apoyo técnico, «lo que les pone en una situación de insuficiencia operativa y financiera».
Los populares recuerdan que la aplicación mínima de la ley puede suponerles a los ayuntamientos un coste anual de entre 100.000 y 150.000 euros, ya sea por la atención veterinaria y recogida de animales abandonados, el control y la gestión de las colonias de gatos y el personal administrativo o policial que hace falta.
El conseller de Medio Ambiente, Simón Gornés, advierte que «en Menorca los ayuntamientos son pequeños y no disponen de los medios económicos y humanos para asumir esta carga, por lo que el mismo Gobierno de Pedro Sánchez pone en riesgo su aplicación real».
El PP pide que el Gobierno cree un fondo de financiación específico y acelere la elaboración del desarrollo reglamentario de la ley, con el objetivo de delimitar sus competencias y permitir que se aplique la ley.
El que faria jo amb 5 capses de cartutxos ... i s'estalvi que suposaria! A més de destinar aquesta doblerada a necessitats reals i urgets de sa població.