El Ayuntamiento de Alaior trabaja en la elaboración de los pliegos de condiciones para licitar la gestión del geriátrico de Es Ramal, consciente de que va a contrarreloj ya que el contrato actual con el Grupo Hestia Alliance acabará en agosto.
La concejala del Área Social, Maria Antònia Pons Mascaró, aseguró ayer que el equipo de gobierno municipal espera poder licitar a tiempo, sin atreverse a dar un plazo ni a avanzar los criterios que regirán el concurso, pero también deslizó que, si eso no es posible, «el geriátrico se trata de un servicio esencial y no se puede dejar sin cobertura», por lo que legalmente la empresa actual podría tener que seguir prestando dicho servicio hasta que se formalice la nueva contratación.
Esa es una posibilidad que está en estudio, dada la complejidad de la elaboración de los pliegos y el problema de carencia de técnicos que arrastra el Ayuntamiento de Alaior. En los casos de servicios esenciales el órgano de contratación puede imponer al contratista la continuidad en la ejecución del contrato, pero esta situación, aunque se contempla, no es el objetivo municipal, explicó Pons, «el Ayuntamiento quiere licitar lo antes posible».
Preguntas del PSOE
Por su parte, el grupo del PSOE en el Consistorio ha presentado una serie de preguntas sobre este proceso administrativo, para conocer en qué situación está el pliego de condiciones para licitar la concesión del geriátrico. La oposición recuerda que el Grupo Hestia Alliance ya hizo pública su intención de no continuar gestionando esta residencia, por lo que, «pasado un tiempo sin tener más noticias, creemos importante preguntar como se encuentra ahora todo el proceso, ya que el contrato con Hestia acaba en agosto», señala el portavoz socialista, ToniMir.
Además el PSOE se interesa por saber si el pliego de condiciones alude al mantenimiento y las mejoras del edificio, y si el Govern prevé la construcción de un nuevo geriátrico en Alaior esta legislatura. Los socialistas apuestan por la ampliación del geriátrico actual de Es Ramal, insisten en que es «la opción fácil, rápida y más económica» que el anterior gobierno de izquierdas dejó lista con la compra del derecho a vuelo de la parcela junto al edificio actual.