Varios edificios religiosos de Menorca y cerca de 160 kilómetros de carreteras de Mallorca fueron construidos o restaurados por 10.000 prisioneros explotados durante la Guerra Civil y la dictadura en favor de la red viaria, la Iglesia y el Ejército, que les empleó también para fortificar el litoral. En el caso de Menorca los trabajadores forzados rozaron el millar.
El Gobierno central trabaja en un inventario de beneficiarios del trabajo forzado de los presos políticos en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática estatal, pero en Balears no hay un usufructo directo de esa explotación por parte de empresas privadas o públicas, según explica la historiadora Maria Eugènia Jaume.
Jaume es autora de «L'univers concentracionari a les Illes Balears (1936-1942)», un exhaustivo estudio sobre los campos de trabajo y concentración del archipiélago, tanto los instalados en la guerra y la posguerra en Mallorca y Eivissa, donde el bando sublevado dominó desde el golpe de Estado fallido, como las prisiones de Menorca, isla que permaneció del lado de la República hasta febrero de 1939 y acogió después campos de represión franquistas.
Durante y después de la Guerra Civil.
En Menorca, bastión republicano del archipiélago, los prisioneros forzados a trabajar durante la Guerra fueron derechistas cuya reclusión estaba teóricamente regida por la ley, aunque se produjeron matanzas indiscriminadas de presos en venganza por los bombardeos franquistas como las de la fortaleza de La Mola y el barco-prisión Atlante.
En la etapa republicana, «no hubo ni batallones de trabajadores; siempre utilizaron a los presos de sus prisiones para realizar los trabajos forzados» con propósitos defensivos. Tras la victoria sublevada sí se organizaron campos de reclusos que «arreglaron algún camino, alguna carretera, pero se centraron en reparar iglesias bombardeadas», asegura la historiadora.
Entre otros edificios de la Iglesia, los republicanos condenados a trabajos forzados rehabilitaron el convento de Santa Cecilia de Maó y la Catedral de Ciutadella, templo muy malparado por los saqueos, incendios e impactos de metralla y bombas.
Jaume estima que en total los trabajadores forzados en Menorca rondan el millar y en Mallorca sumarían unos 9.000, mientras que en Eivissa el uso de mano de obra reclusa no pasó de varias decenas de hombres enviados puntualmente desde Mallorca.
«Los tenían mínimamente bien alimentados»
Aunque las condiciones de trabajo fueron en muchos casos penosas, «en los campos hubo poca mortalidad porque les interesaba la mano de obra y los tenían mínimamente bien alimentados», explica la especialista, que detalla que, junto a guardias civiles y militares, a la vigilancia de los contingentes de presos se sumaban falangistas que «se ponen en primera línea para guardar 'rojos'».
En Mallorca, donde se concentró el 90 por ciento del total de trabajadores forzados del archipiélago, nada más triunfar la sublevación las nuevas autoridades hicieron prisioneros políticos, los llamados 'gubernativos', «sin seguir las normas». A partir de junio de 1937, el régimen organizó unidades de trabajadores mantenidas hasta el final de la guerra.
Estos presos 'desterrados' conformaron los batallones que, bajo la dirección del Ministerio del Ejército, construyeron y ampliaron la red de carreteras del sur de Mallorca, y también algunas al oeste (Calvià), norte (Sóller y Pollença) y el este (Artà).
En total, habilitaron unos 160 kilómetros de calzadas con propósitos militares, ya fuera por la proximidad con emplazamientos de defensa o para garantizar el transporte ágil de tropas y material a zonas sin protección.
A partir del trabajo de Maria Eugènia Jaume, en diciembre de 2022 el Govern balear y el Consell de Mallorca iniciaron el despliegue de la señalización de 130 kilómetros de carreteras construidas por trabajadores esclavizados, un proyecto pionero en España del que solo una pequeña parte de los carteles sobrevive hoy al vandalismo.
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