Hace años que se habla de la necesidad de que los ayuntamientos aprueben nuevas ordenanzas para el ahorro de agua –de hecho el Plan Hidrológico las impone para 2027– que entre otras cosas establezcan restricciones al uso que se hace de las piscinas, pero lo cierto es que a estas alturas, y mientras el número de instalaciones sigue creciendo a un ritmo llamativo, todavía no hay ningún consistorio que haya llevado a pleno una normativa específica al respecto.
Más allá del establecimiento de tramos que gravan los altos consumos, solamente Es Castell cuenta a día de hoy con una mínima regulación, el llamado reglamento de abastecimiento de agua, de 2017, que sobre el papel prohíbe utilizar el agua suministrada por el servicio municipal para rellenar piscinas, aunque la falta de medios para controlar su cumplimiento hace que en la práctica apenas se pueda poner coto al descontrol existente entre los propietarios.
Ordenanza marco
En el pasado mandato, el Consell insular puso a disposición de los ayuntamientos una ordenanza marco para unificar las medidas en todos los municipios, que entre otras cosas proponía establecer con multas límites al consumo de agua. Sin embargo, en el último pleno municipal, la alcaldesa de Sant Lluís, Loles Tronch, denunció que propuso ir todos de la mano en esta cuestión «y el apoyo que recibí del resto de alcaldes y del Consell fue cero».
El Ayuntamiento de Sant Lluís, que presenta los consumos per cápita más altos de la Isla, asegura que en el mes de septiembre o como mucho en octubre podrá llevar a pleno la nueva ordenanza que está elaborando para impulsar el ahorro de agua. Otros municipios como Maó también están acelerando para poder aprobar nuevos reglamentos.
Y dale con el ´boom´. No es auge.