La relación entre la empresa TÜV Rheinland Certio, concesionaria del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Menorca, y el Consell hace tiempo que no funciona. Aun así, todo apunta a que se mantendrá hasta el próximo año, cuando el departamento de Movilidad prevé licitar el nuevo contrato, según el plan de contratación de la institución.
Además, la relación entre ambas partes entra ahora en una batalla legal, ya que Certio ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del pleno del Consell —de febrero de 2023— que desestimó el recurso presentado por la empresa contra la sanción de 9.000 euros impuesta por el gobierno insular por incumplir las bases del contrato. Una sanción que la empresa ya abonó.
Contencioso administrativo
A pesar del mal funcionamiento del servicio —con retrasos en la concesión de citas que en algunos momentos han alcanzado los tres meses y una lista de espera que, tras la huelga de los trabajadores, llegó a rozar los 8.000 vehículos pendientes de revisión—, lo cierto es que el Consell ya ha prorrogado el contrato en dos ocasiones y ahora deberá hacerlo por tercera vez, ya que la actual extensión finaliza este mes de noviembre. El contrato vigente permite prórrogas sucesivas de un año hasta un máximo de cinco.
El reiterado incumplimiento de las prescripciones técnicas del contrato —que establece que las citas para la ITV no pueden demorarse más de siete días— ha generado un gran malestar entre la ciudadanía y los sectores económicos que necesitan tener sus flotas de vehículos a punto. Sin embargo, hasta ahora, esto apenas ha tenido consecuencias para la empresa.
En octubre de 2022, el Consell impuso a la empresa una sanción de 9.000 euros, otorgándole un plazo de un mes para corregir los incumplimientos y advirtiéndole de la posible imposición de multas coercitivas de 3.000 euros diarios si persistía la situación. La empresa presentó alegaciones, pero estas fueron desestimadas por el pleno del Consell, y pagó los 9.000 euros.
Ahora, la concesionaria ha optado por acudir a la vía judicial mediante un recurso contencioso-administrativo para solicitar la devolución del dinero. Para gestionar este proceso, el Consell contrató el pasado octubre los servicios de un abogado, por un coste de 7.260 euros. Mientras tanto, las colas y demoras continúan en las dos estaciones de la Isla.
Desde la empresa alegan que el retraso en la concesión de citas no es imputable a ellos, sino a los usuarios que no se presentan y a las dificultades para encontrar inspectores en la Isla, entre otras cuestiones.
Un año más sufriendo para que te den cita.