Los inquilinos de los 60 pisos que han salido a subasta se mostraban ayer «muy preocupados» ante el riesgo de que el procedimiento de venta pública iniciado termine desembocando en su desalojo y avanzaban que no lo van a poner fácil. «No nos iremos de aquí, van a tener que echar la puerta abajo», aseguran, en la línea de la campaña de protesta que hace semanas iniciaron, colgando pancartas en los balcones. Subrayan que entre los vecinos hay muchos perfiles –jubilados, familias con hijos, personas mayores con problemas de salud– que lo van a tener muy complicado si tienen que buscar casa en el actual contexto inmobiliario.
«No nos iremos porque no podemos con los precios que hay, no estamos aquí de paso, somos residentes», explica una de las portavoces de la comunidad, que prefiere no dar su nombre «porque esto no va de dos o tres personas, sino de más de 50 familias», argumentaba, antes de dejar claro que van a seguir tratando de evitar que les echen a la calle. Han contratado servicios legales y están haciendo presión ante diversos grupos políticos.
«Pagamos religiosamente»
Defienden que «pagamos religiosamente nuestras cuotas y el IBI, no somos okupas, somos familias residentes» y lamentan que la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 3 de Maó haya decidido que la venta se haga piso por piso. «Si alguien compra mi piso me voy a la calle». Cae recordar que el mismo juzgado ha resuelto que los inquilinos no tienen derecho a continuar en la vivienda cuando esta cambie de manos.
Los inquilinos están en realidad subarrendados por la sociedad Balearic International Consulting 2015 SL, a la que pagan las mensualidades. Esta sociedad alquiló a la constructora el edificio, con un contrato de larga duración que expira más allá del año 2030. La juez ha resuelto que la venta deja sin efecto ese contrato y con él caen los que ha suscrito con los inquilinos.
La vía de salida más factible para que los vecinos puedan permanecer en las viviendas es que la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) sea finalmente la que se haga con los inmuebles y proceda como hizo en el caso de los pisos de las calles Pintor Calbó y Maria Lluïsa Serra de Maó, donde tras adquirir los pisos aceptó respetar los contratos de alquiler firmados.
Tienen un alquiler vitalicio, porque sino no se entiende. Porque pagan el IBI, si lo debe abonar el propietario. Entiendo que es una situación delicada, y que hasta que no ha salido a subasta se han beneficiado de estar en tierra de nadie. Lo más lógico sería que tuvieran preferencia en la compra y a un precio social, dependiendo de cada situación. Pero la persona que compre el piso tiene derecho a disfrutarlo.