De nuevo, lleno hasta la bandera para debatir sobre el Plan Territorial Insular (PTI). Esta vez no fue en la sala de plenos del Consell, sino en el salón de actos del Ateneu de Maó, donde el viernes se celebró una mesa redonda formada por cinco personas que ofrecieron sus diferentes visiones sobre la norma que regula el desarrollo territorial de la Isla, a propósito de los cambios en su redacción que está impulsando el equipo de gobierno del PP en la máxima institución insular.
El problema de la vivienda
En esta ocasión, uno de los temas destacados del debate fue el acceso a la vivienda, que todos los presentes coincidieron en señalar como uno de los principales problemas que afectan a la Isla. En este sentido, la consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, lamentó que en los últimos años solo se han construido chalés y prácticamente ningún edificio plurifamiliar, por lo que volvió a calificar el actual PTI de «elitista». Para cambiar esta situación, explicó que el nuevo articulado permitirá a los ayuntamientos aumentar las alturas y las densidades de los suelos urbanizables, de manera que cada solar pueda acoger más vivienda, despertando el interés de los promotores y reducir el coste final.
La propuesta del PP fue cuestionada durante el turno de intervenciones del público por el conseller del PSOE, Eduardo Robsy, quien lamentó que en este ámbito se está siguiendo un planteamiento liberal, según el cual si se construye mucho, los precios bajarán. En este sentido, recordó que, con la liberalización de la ley del suelo, entre los años 2000 y 2008 se llegaron a construir 600.000 viviendas al año en España, pero el precio se duplicó. Por ello, preguntó al economista Guillem López Casasnovas, otro de los participantes en el acto, si es previsible, en el actual contexto de crecimiento demográfico y de llegada de inversores extranjeros, que los precios bajen si se deja esta cuestión únicamente al mercado libre. «Esta es fácil, y la respuesta es no», contestó el economista sin dudar.
En este ámbito, López Casasnovas abogó por una intervención del sector público, aunque remarcó que esto no significa que el gobierno tenga que encargarse directamente de construir o gestionar las viviendas. «En el PTI actual hay un 30 por ciento de suelo para vivienda protegida, esto no lo perdamos», enfatizó.
También alertó sobre el modelo urbanístico que representan los hortals, y cómo estos pueden acabar convertidos en la vivienda de muchos trabajadores que llegan a la Isla y no encuentran alojamiento. «Aunque parece menos elitista, es un modelo sin servicios ni condiciones de higiene, de tipo sudamericano, y con un futuro dudoso», señaló. Por ello, subrayó la necesidad de no «trinchar» más el suelo rústico para uso turístico y residencial.
El presidente de la delegación en Menorca del Colegio de Arquitectos de Balears, Llorenç Seguí, también remarcó que uno de los temas prioritarios que debe abordar el PTI es el problema de la vivienda. Señaló que en los últimos años no se ha logrado avanzar de manera significativa en este ámbito, y argumentó que es necesario que los municipios cuenten con áreas de crecimiento. Sin embargo, precisó que este crecimiento no debe ser responsabilidad exclusiva del PTI, sino que el Govern balear debe agilizar los trámites relacionados con los nuevos desarrollos derivados del plan. Para ello, destacó que es esencial que los procedimientos sean más rápidos y eficientes, con el fin de evitar los largos retrasos que actualmente existen en la aprobación de planes urbanísticos. Esta situación recordó, ha llevado que los suelos urbanizables previstos en el primer PTI, que incluían un 20 por ciento de vivienda protegida, prácticamente no se hayan materializado, y esto ha provocado un déficit de vivienda y un incremento de los precios. «El PTI no lo puede solucionar todo, pero tiene que ayudar en lo que pueda», recalcó.
Seguí también recordó que, durante los años de la burbuja inmobiliaria, los precios subieron, pero las administraciones públicas no construyeron vivienda protegida, algo a lo que ahora se debe seguir poniendo remedio.
Desde el GOB, Miquel Camps argumentó que los problemas de la vivienda están directamente relacionados con la masificación turística. «La apuesta que había para controlar el exceso de crecimiento turístico en el PTI de 2003 era la de vigilar que no se pudiera crecer mucho en la costa, pero hace diez años aparecieron las plataformas digitales y lo que hemos hecho ha sido poner turistas dentro de casas que ya estaban construidas», lamentó.
Por ello, Camps aseguró que, para resolver el problema de la vivienda, es necesario reducir la presión humana y construir vivienda pública. «Si añadimos 24.000 plazas turísticas más, esto implicará muchos miles de trabajadores más, que suelen venir de fuera, y todo esto acabará generando una presión adicional sobre la vivienda», apuntó. Esta afirmación fue corroborada por López Casasnovas: «Si no se contiene la oferta de plazas turísticas, vendrán más trabajadores que empeorarán la situación», aseveró.
Finalmente, el presidente de la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome), Sebastià Triay, aseguró que el principal error del PTI de 2003 y de 2023 fue no haber tenido en cuenta el problema de la vivienda, y abogó por la construcción de promociones públicas. «Mientras la demanda supere la oferta, los precios de la vivienda no bajarán», concluyó.
Torrent reitera que los ‘bouers’ no se convertirán en viviendas
Durante la mesa redonda del viernes, el coordinador de política territorial del GOB, Miquel Camps, volvió a criticar que en el borrador con el que trabajaba el PP figuraba un artículo nuevo que contemplaba la posibilidad de cambiar el uso de las construcciones ya existentes en el campo. «Esto seguro que lo aplaudirían las inmobiliarias», ironizó.
En respuesta a ello, la consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, aseguró de manera tajante que no será así. «No habrá posibilidad de hacer cambios de uso a residencial en edificios existentes en el campo, ni habrá ningún bouer que se convierta en una casa», afirmó.
En 2021, el PP sugirió, en las enmiendas que presentó a la aprobación inicial de la modificación del PTI hecha por la izquierda, mantener la prohibición de nuevas residencias en suelo rústico, pero facilitando el cambio de uso de las edificaciones ya existentes. A pesar de que ahora se había vuelto a contemplar de manera inicial, a propuesta del equipo de expertos externos contratados, finalmente se ha desestimado. Torrent también aseguró que tampoco se aumentrán los límites de las piscinas, algo también habían barajado.
No falta vivienda. Falta protección y seguridad para que los propietarios puedan sacar al alquiler sus pisos. Casi 100% de propietarios que tienen pisos disponibles, por definición, tienen dinero. Suficiente al menos. No se van a arriesgar a que se te meta un Okupa y te arruine la vida.