Gatos callejeros bajo control: el efecto de la Ley de Bienestar Animal en Menorca dos años después

La entrada en vigor hace ahora dos años de la Ley 7/2023, promulgada con el propósito de proteger el bienestar y derechos de los animales, ha significado un antes y un después para el universo felino de la Isla, fundamentalmente en materia de identificación y control de ejemplares y colonias.

No en vano, previo a ello, no existía en territorio insular censo ni registro alguno sobre la población de gatos. Y aunque ese cometido ha sido siempre responsabilidad de los Ayuntamientos, lo poco que se hiciera lo asumían hasta hace un par de años las dos sociedades protectoras de animales de la Isla, radicadas respectivamente en Maó y Ciutadella.

Una labor ardua y silenciosa, digna de mención, pero llevada a cabo por «voluntarios» no remunerados de estas dos entidades y «sin apenas recursos» de índole logística, explica Alba Lledó, directora del centro de acogida de animales de Ciutadella.

Pero el nuevo escenario pone el foco sobre las Administraciones municipales –bajo amenaza de sanción por parte del Govern–, lo que se ha revelado como un punto de partida para contar con una serie de referencias inéditas hasta la fecha.

Coordinación

En este proceso ha sido clave la coordinación entre consistorios, Consell y las ‘protectoras’, con la intervención de una empresa externa contratada exprofeso, y en esencia la aplicación del método CER (capturar-esterilizar-retornar). Esa combinación ha permitido, entre otros progresos, elaborar un mapa de colonias gatunas por municipios y a nivel insular. Y en ese contexto, se ha podido realizar una efectiva campaña de esterilización –cerca de 1.800 felinos desde septiembre de 2024, que es cuando empezó a haber presupuesto para ello, hasta ahora–, por lo que la práctica totalidad de los gatos que habitan en esas colonias «están identificados y castrados», anotan Esther Mascaró, teniente de alcaldía y concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Ciutadella, y Alba Lledó.

Ambas coinciden también en que es más efectivo capar «que no matar». Y aunque en su momento faltó comprensión social en ese sentido, «pues nos tildaban de crueles por esterilizarles», evoca Lledó, la realidad es que el gato no castrado es un animal muy sexual y prolífico, capaz de entablar luchas tremendas por el control de una hembra o de un territorio, lo que le convierte en problemático y hasta peligroso. Y consume mucha energía, lo que implica mayor demanda de alimento.

Pero una vez esterilizado, se torna dócil, pacífico, come menos... Cabe tener en cuenta, asimismo, que el ritmo de reproducción del gato es vertiginoso, y de una pareja, en apenas tres años, pueden llegar a descender casi 2.000 gatitos y más de 20.000 en cuatro años. Por lo que si en algo más de un año en la Isla se han capado cerca de 1.800, es evidente que se ha evitado una proliferación masiva y descontrolada.

Dificultades

Sin embargo, y aunque «se ha avanzado» y «estamos en el camino adecuado», existe un reverso menos amable dentro de este proceso. Como la ausencia de un par de veterinarios que se puedan dedicar en exclusiva a esterilizar –con su correspondiente quirófano–, lo que permitiría optimizar las capturas –que no son sencillas y exigen un proceso de días o semanas.

Otro punto a enmendar son las dificultades para controlar e identificar –y por tanto, castrar– a los gatos silvestres, los que residen en hortales, clubes hípicos e incluso en casas particulares, urbanizaciones... son esos gatos a los que a menudo también alimentan personas particulares, con el propósito de hacer una buena acción, lo que no obstante resulta contraproducente. «Pues luego les sale una camada de siete y te vienen con eso de ‘regalo gatitos’, lo que además está prohibido, o el animal acaba en la calle y quizá procreando sin control», precisa Lledó.

En ese marco, concienciar a la gente de la necesidad de esterilizar, o «sancionar con multas», puede ser una solución que contribuya a erradicar esas praxis.

Y concluye Alba Lledó; «los gatos lo pasan muy mal en la calle; están hambrientos, sufren enfermedades, carecen de cobertura veterinaria, pasan frío, calor... son víctimas, por lo que castrar y adoptar es un modo de ayudarles; la ley de protección está para eso, para protegerles, no debemos estigmatizarlos».