La acusación del caso Citur por el amaño de contratos públicos en el área de Turismo del Ayuntamiento de Ciutadella entre 2005 y 2009 queda ya solo en manos de la Fiscalía. Después de más de 15 años de instrucción, la representación procesal de Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), el partido creado por el exconcejal Joan Triay, ha presentado un escrito de desestimiento ante el Juzgado número 2, que desde 2010 asume la causa.
La representación de UPCM, que dice «no atisbar siquiera la fecha en la que pueden ser enjuiciados los hechos», renuncia a seguir adelante en las acciones que venía ejerciendo con «la confianza de que aquellas responsabilidades seguirán siendo exigidas por el Ministerio Fiscal».
De hecho, la rápida reacción de la Fiscalía Anticorrupción a la denuncia por prevaricación y fraude que había interpuesto UPCM motivó en marzo de 2011 el desembarco de la Policía Judicial y la Guardia Civil que, en el marco de la ‘Operación Xoriguer’, detuvieron al entonces alcalde Llorenç Brondo y a los concejales Gabriel Cardona y Avel·lí Casasnovas, así como a tres empresarios y técnicos presuntamente vinculados a la trama.
En 2012 la jueza dio por concluidas las diligencias del caso y tanto UPCM como la Fiscalía hicieron llegar sus escritos de calificación. El fiscal Pedro Horrach pidió 139 años de prisión para los 13 imputados inicialmente, entre cargos públicos, empresarios, funcionarios y asesores municipales, además de solicitar el reingreso del dinero defraudado. Solicitó 15 años de cárcel para el exalcalde y los concejales Cardona y Casasnovas y exigió que indemnicen al Ayuntamiento con 98.000 euros los dos primeros y con 70.000 euros el tercero. Para las también ediles Antònia Salord y Antònia Gener pidió 9 años.
No obstante, no fue hasta 2021, diez años después de la ‘Operación Xoriguer’, que se decretó el cierre de la instrucción y la apertura de juicio oral. Los sucesivos recursos presentados por los abogados defensores de los once investigados, la desaparición de la Fiscalía Anticorrupción y la lentitud judicial, agravada por el constante cambio de titulares al frente de los juzgados de Ciutadella, han eternizado la causa. Al menos una de las investigadas ya ha fallecido y aún no hay fecha para el juicio.
«Burdas maquinaciones» y total «impunidad»
La jueza que en un primer momento instruyó el caso ya recalcó en 2012 el enorme «grado de concierto e impunidad» con el que actuaron funcionarios, cargos públicos y particulares para dar una aparente legitimidad a los expedientes. Destaca que se llevaron a cabo «burdas maquinaciones consistentes en hacer desaparecer y cambiar resoluciones». La adjudicación directa de los proyectos se llevaba a cabo a propuesta del entonces concejal de Turismo, Gabriel Cardona.
Además de los amaños, el Ayuntamiento llegó a pagar hasta nueve veces más de lo recomendado por el Colegio de Ingenieros de Balears para la redacción de los proyectos. Costaron 98.600 euros cuando, siguiendo los precios del Colegio, habrían valido solo 27.600 euros.
Mai he entes com una partit tan ple de corrupcio com el PP i tota la seva Mafia, que van asaltar la caixa de l'ajuntament de -ciutadella, pot ser votat pels ciutadans com si no hagues passat res. La unica cosa que em fa pensar en la gent que els vota, es que en el seu lloc farien el mateix, o sigui robar.