Mientras sigue aumentando el número de entidades privadas de colaboración urbanística, también conocidas por las siglas EPCU o ECU, autorizadas por el Consell para tramitar licencias urbanísticas en Menorca —actualmente ya son cuatro—, los ayuntamientos de la Isla se preparan para recibir este tipo de solicitudes, aunque todavía persisten algunos interrogantes acerca del procedimiento administrativo que deben seguir.
Así lo señala el alcalde de Maó, Héctor Pons, quien explica que todavía no han tramitado ninguna solicitud de este tipo, aunque han recibido consultas al respecto. «La duda que tenemos ahora todos los ayuntamientos de Menorca es si los informes de las ECU los llevamos directamente a junta de gobierno para su aprobación o se les tiene que hacer una revisión previa», señala.
Por ello, el alcalde remarca que será necesario un periodo de adaptación para comprobar cómo funciona el sistema en la práctica. «Ahora estamos un poco a la expectativa y necesitaremos un tiempo de adaptación para ver si el sistema funciona», afirma.
En cuanto al aspecto económico, Pons explica que de momento el Ayuntamiento continuará cobrando las tasas actuales, como mínimo hasta que se modifique la ordenanza fiscal. «Si empezamos a tener muchas solicitudes por esta vía, tendremos que adaptar la ordenanza, pero también tenemos que pensar que si eliminamos las tasas perderemos ingresos», reflexiona. El alcalde también destaca que el impacto de este nuevo mecanismo dependerá del número de solicitudes que se gestionen mediante las ECU.
Las entidades privadas irán a lo suyo, su interés particular, hacer caja. No se preocuparán del interés general. La administración, debería ser más ágil y hábil, para eso pagamos impuestos.